La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que promete ahorrar 24,000 millones de pesos (mdp) al sistema electoral del país, no convence a organizaciones sociales, académicos, especialistas, ni tampoco a integrantes de la oposición, quienes anticipan una regresión en la democracia mexicana de ser aprobada la iniciativa en el Poder Legislativo.
Por eso es que expresarán su inconformidad en la movilización convocada para este domingo, en la Ciudad de México, que partirá a las 10:00 de la mañana del Ángel a la Independencia y que culminará en el Monumento a la Revolución, al medio día.
Sin embargo, la marcha también se replicará en 26 ciudades del país como Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; Puebla, Puebla; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California.
Desde el pasado miércoles, más de 50 asociaciones civiles anunciaron la marcha que explicaron tiene el propósito de defender al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que organiza las elecciones y que López Obrador pretende reemplazar con una polémica reforma.
Entre los convocantes se encuentran Resistencia por México, Renacimiento México, Frente Cívico Nacional, UNE, Sí por México, 50 + 1 y Misión Rescate México, además de Movimiento de los Pueblos Indígenas.
La reforma lopezobradorista pretende crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 diputados y el Senado de 128 a 96 legisladores y disminuir el financiamiento de los partidos políticos; además, se propone desaparecer los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales locales.
Te puede interesar: Empresarios manifiestan preocupación por reforma electoral
Asimismo, el proyecto aspira a que los consejeros del nuevo organismo electoral y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular, entre otras polémicas propuestas.
Sin embargo, las organizaciones convocantes a la marcha refutan uno de los principales argumentos del oficialismo para promover su reforma y que consiste en que el sistema electoral mexicano es muy costoso para la población.
Para empezar, Carlos Moris, representante de Sociedad Civil MX, y Édgar Gómez, representante de la organización Voto por el Clima MX, han lamentado que el presupuesto de 2023 haya recortado el presupuesto del INE del próximo año en más de 4,000 mdp, al considerar que constituye un primer paso para debilitar al organismo, por la vía del financiamiento.
También recordaron que se le negó presupuesto adicional al INE para preparar y celebrar, en abril de este año, la consulta ciudadana de revocación de mandato, a través de la cual los ciudadanos iban a decidir si querían que López Obrador se mantuviera en la presidencia de la República o no.
Te puede interesar: Reforma electoral podría traer consecuencias severas: IMEF
La organización México Evalúa refirió en un reciente análisis que el INE ha sido castigado presupuestalmente en lo que va de este sexenio, ya que ha solicitado en promedio 24,700 mdp anuales, pero ha recibido 22,600 mdp, lo que implica un déficit de más de 2,000 mdp año.
En este sentido, no se sostiene el argumento oficial acerca de que el organismo distrae recursos para otros gastos.
Por ejemplo, en 2021 y 2022, la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, tendrá un sobrecosto de 184,200 mdp, cifra equivalente a 7.4 veces el presupuesto del INE.
Asimismo, el programa de Pensiones para Adultos Mayores han recibido 335,000 mdp anuales, cifra que representa un monto 13.5 veces mayor que el presupuesto del INE.
Por otro lado, Luis Carlos Ugalde, expresidente del antiguo Instituto Federal Electroal (IFE) y actualmente director de Integralia consultores, advierte que la reforma electoral de López Obrador, que pretende eliminar el presupuesto a los partidos políticos en años no electorales va a significar la desaparición de los partidos de oposición.
Te puede interesar: ¿Por qué le preocupa al Consejo de Europa la reforma electoral de AMLO?
“Vamos a extinguir a los partidos y solo sobrevivirá el parido oficial, como antes era con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque tenía recursos en especie del gobierno”, comentó Ugalde en una entrevista de radio.
El experto hizo ver que una campaña electoral, a nivel nacional, requiere entre 15 y 20 mdp para financiarse, por lo que la reducción del financiamiento público dejará expuestos a los partidos políticos a ser cooptados por grupos de poder.
“¿Quién tiene 20 mdp para competir por un cargo público, serán los candidatos que tienen dinero o que están vinculados con grupos del poder los que podrán pagar su campaña y postularse”, advirtió el experto.
GC
