El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que debe reservarse por cinco años la información sobre los contratos de compra del gobierno federal para adquirir las vacunas contra el Covid-19, por razones de seguridad nacional.
En una sesión pública, los ministros del Máximo Tribunal del país consideraron que no es momento de hacer de conocimiento público específicamente los datos relacionados con las condiciones de los contratos firmados con las farmacéuticas.
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Esta situación “puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”, explicó la SCJN, a través de un comunicado.
Sin embargo, los ministros consideraron que sí puede difundirse una versión pública de los contratos “en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (como datos personales y secreto comercial)”.
Asimismo, el Pleno de ministros consideró que tampoco pueden darse a conocer los comprobantes de pago para concretar los acuerdos de compra de las inmunizaciones contra el Covid-19.
“Los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de cinco años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional por la misma razón”, expuso el comunicado.
De esta manera, el Pleno de la SCJN dio un revés al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que había ordenado al gobierno federal no guardar la información de los contratos más allá de dos años, por tratarse de un asunto de interés público.
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La SCJN recibió dos recursos de revisión promovidos por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en contra de las resoluciones que dictó el Inai los días 5 y 19 de mayo de 2021, identificadas como 2391/21 y 1899/21, con lo que el Máximo Tribunal del país concedió la razón al gobierno federal para mantener vago sigilo la información sobre las inmunizaciones.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo tuvo a su cargo el proyecto de sentencia que sometió a votación del Pleno. En sus argumentos, dijo que la “divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por el país”.
GC
