Los trabajadores subcontratados por el Estado también tendrán base de prestaciones y beneficios laborales, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
“Vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases […] Nada más que vamos a esperar a que se tenga ya completamente revisada la iniciativa [contra el outsourcing] y que se discuta, se analice y, en su caso, se apruebe en el Congreso”, dijo el presidente durante su conferencia matutina del lunes. 
El gobierno federal y la iniciativa privada llevan una semana conversando sobre posibles ajustes a la reforma contra el outsourcing enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso a mediados de noviembre.  Según AMLO, la basificación de los trabajadores del Estado formará parte de estos ajustes.  El gobierno también lleva a cabo prácticas de subcontratación laboral. De acuerdo con un reporte del diario Reforma, la cifra asciende a 500 mil. AMLO no especificó cuántos trabajadores públicos subcontratados recibirán base, pero adelantó que se beneficiará por lo menos a los más de 80 mil eventuales dentro del sistema de salud pública.  La conversación entre el Ejecutivo y la IP continuará la noche de este lunes. 
“Ya se lleva una semana aproximadamente que se está intercambiando información. Un grupo de representantes del sector privado y también de servidores públicos está revisando la iniciativa, y hoy ya tenemos las conclusiones a las siete de la noche”, dijo AMLO. 
 

No nos preocupan las sanciones: Carlos Salazar 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, comentó que no hay planes para cambiar las sanciones contempladas dentro de la iniciativa de reforma. Sin embargo, subrayó, lo que podría ser causa de preocupación son las razones para sancionar. 
“No nos preocupa particularmente la sanción. Obviamente nos preocupa qué causas pueden de alguna manera hacer uso o detonar este tipo de sanciones. Nosotros las hemos explicado, y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo, para que nadie sea sujeto ni de un abuso en el futuro ni de una interpretación inadecuada de sus acciones”, explicó. 
La iniciativa enviada al Congreso plantea que las sanciones puedan resultar en multas de hasta 4.3 millones de pesos (mdp) o incluso nueve años de cárcel para quienes desacaten la ley.  Salazar Lomelín comentó que, aunque graves, el sector empresarial no se preocupa por las sanciones debido a que “99.99 por ciento cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones”.    Te puede interesar: Una cuarta parte de trabajadores formales, contratados por outsourcing: Herrera cach