La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone que se recorte el presupuesto del Poder Judicial de 2026, en 15,000 millones de pesos (mdp), para redirigir esos recursos a los gastos prioritarios del gobierno federal, como los programas sociales y los proyectos de infraestructura pública.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la mandataria explicó que los anteriores ministros de la SCJN, que concluyeron sus funciones el 30 de agosto pasado, enviaron una propuesta de presupuesto del Poder Judicial federal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que esta elaborara el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026.
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Claudia Sheinbaum calificó la propuesta de presupuesto que enviaron los ministros anteriores como “muy onerosa”, que ya no fue “corregida” por los nuevos ministros de la SCJN que tomaron posesión de su cargo el pasado 1 de septiembre.
En este sentido, la mandataria sugirió que los diputados retiren unos 15,000 mdp del Poder Judicial para reasignarlo al presupuesto federal.
Como se informó, la SCHP apenas entregó el lunes pasado el “paquete económico” de 2026 —que incluye la Ley de Ingresos y el proyecto del PEF—, para el análisis, debate y eventual aprobación en el Poder Legislativo.
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“Estamos orientando, sugiriendo, a la Comisión de Presupuesto (de la Cámara de Diputados) y al Congreso de la Unión, para que disminuya del presupuesto 15,000 mdp, los cuales podrían asignarse para otros proyectos de infraestructura, salud o educación”, comentó la mandataria.
“Parece que nosotros enviamos un presupuesto mas alto, pero no es así, mandamos lo que mandó la SCJN y, desde ahí, el Congreso puede distribuir a las acciones más importantes”, agregó Claudia Sheinbaum.
El “paquete económico” plantea un presupuesto de 85,960 mdp para el Poder Judicial de la federación, cifra que representa un crecimiento de 17%, en relación con 2025.
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El 1 de septiembre entraron en funciones los nuevos ministros de la SCJN, además de magistrados de tribunales de circuito y jueces federales, quienes resultaron electos por voto popular en junio pasado, y que en conjunto, suman más de 800 servidores públicos.
Varios de ellos carecían de experiencia previa como juzgadores, por lo que requieren de capacitación, además de que personal al servicio de los juzgadores federales ha renunciado a sus cargos, por lo que será necesario contratar personal de nuevo ingreso.
GC
