La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado de presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, responda a intereses políticos.

La mandataria aseguró que la captura deriva de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y respaldada por pruebas presentadas ante un juez.

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“Es falso que haya un asunto político. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias necesarias para garantizar ante los jueces que existen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, aseguró la mandataria, en respuesta a las críticas del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita el político y empresario.

En su conferencia de prensa de todas las mañanas, esta vez desde Quintana Roo, Sheinbaum Pardo añadió que el exgobernador tiene todos los recursos legales para defenderse. Si puede acreditar el origen lícito del combustible importado y desmentir las acusaciones, corresponderá al Poder Judicial resolver el caso.

La mandataria insistió en que serán los jueces quienes valoren las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa.

Red de contrabando operó durante varios años

En la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, informó que la aprehensión de Ruffo Appel fue resultado de una investigación de más de un año, con la que las autoridades identificaron una de las mayores redes de contrabando de combustibles detectadas hasta ahora en el país, práctica conocida como “huachicol fiscal”.

El funcionario comentó que ayer jueves se cumplieron ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de esa organización y precisó que todavía existen otras aprehensiones pendientes de ejecutarse, ya que las investigaciones continúan.

García Harfuch explicó que la estructura criminal utilizaba carros tanque de ferrocarril para introducir combustible desde Estados Unidos. Sin embargo, al ingresar la mercancía al país, los implicados únicamente declaraban alrededor de 10% de la capacidad real de los ferrotanques o registraban productos distintos a los transportados, con el propósito de evadir el pago de impuestos y reducir las contribuciones fiscales.

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Ayer por la noche, la FGR confirmó que Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusado de delincuencia organizada y contrabando.

La dependencia explicó que la captura forma parte de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustibles.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó una red integrada por empresas, agencias aduanales y transportistas que operaba mediante la importación irregular de hidrocarburos.

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Las investigaciones establecieron que la organización utilizaba una empresa fundada por Ruffo Appel —Ingemar— y dedicada formalmente a servicios portuarios, dragado y operación de puertos. Esa compañía también realizaba importaciones de petrolíferos, aunque presuntamente reportaba cantidades inferiores a las reales o declaraba mercancías distintas para reducir el pago de impuestos.

Las autoridades federales estiman que esta red provocó un daños económicos a la Hacienda pública por 4,000 millones de pesos (mdp). Mientras tanto, la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación para identificar a todos los involucrados y desarticular por completo la estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”.

GC