La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no permitirá ninguna intromisión extranjera en asuntos internos y advirtió que el gobierno de Estados Unidos debe presentar pruebas sólidas contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve mexicanos señalados por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas desde Palacio Nacional, la mandataria aclaró que cualquier proceso judicial contra los acusados deberá sustentarse en evidencia legal y bajo la jurisdicción mexicana.
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“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, expresó Claudia Sheinbaum.
EU pide detención y extradición
El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos dio a conocer ayer la apertura de acusaciones penales contra Rocha Moya y otros nueve implicados por presuntos vínculos con la facción de “los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para enviar drogas a Estados Unidos y conseguir armas de alto poder. Por este motivo, el gobierno norteamericano solicitó a México la detención de los sospechosos con fines de extradición.
Además de Rocha Moya, los acusados son: Enrique Inzunza Cázarez, senador; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
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También están imputados Gerardo Mérida Sánchez; Enrique Díaz Vega; Marco Antonio Almanza Avilés; así como Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
Todos enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, delitos que podrían alcanzar penas mínimas de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
“No vamos a encubrir a nadie”
Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud formal de extradición y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de revisar el caso y decidir si procede la entrega de los 10 acusados.
Claudia Sheinbaum leyó un comunicado para fijar la postura oficial del gobierno mexicano y sostuvo que la FGR deberá actuar únicamente si existen elementos suficientes.
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“Como presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la FGR recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho”, dijo la mandataria.
Claudia Sheinbaum añadió que hasta ahora la información enviada por Estados Unidos se sustenta en testimonios de fuentes anónimas y cuestionó que las acusaciones puedan tener un trasfondo político.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó.
GC
