La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias” no prevén sanciones contra empresas de medios de comunicación ni contra reporteros por los contenidos que publiquen.
Explicó que las posibles sanciones únicamente se aplicarían por incumplimientos a obligaciones regulatorias, como no designar a un defensor de las audiencias.
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“Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que realizar, como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esto tiene que quedar claro. Por fortuna, está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para que puedan hacerse estas especificaciones”, aseguró la mandataria en su conferencia de prensa de todas las mañanas desde Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum respondió así a las inquietudes manifestadas por empresas de medios de comunicación, a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), sobre el alcance de la propuesta que la CRT sometió a un proceso de consulta pública.
Claudia Sheinbaum insistió en que la iniciativa no representa un mecanismo de censura ni abre la puerta a castigos por la labor periodística. Explicó que cualquier eventual sanción estará relacionada con el incumplimiento de las obligaciones aplicables a los concesionarios y no con el trabajo de comunicadores o con la información que difundan las empresas informativas.
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“De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, aseguró la mandataria.
Claudia Sheinbaum insistió en que el propósito de la propuesta es garantizar el derecho de las audiencias a la información y despejar cualquier interpretación que la vincule con restricciones a la libertad de expresión. “Ni con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo”, comentó.
Ante la inconformidad expresada por la CIRT, la presidenta informó que solicitará a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, reunirse con representantes de la CIRT para revisar el proyecto y aclarar todas las dudas sobre los referidos “Lineamientos”.
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La propuesta establece que todos los concesionarios de radio y televisión, tanto públicos como privados, deberán tener un defensor de las audiencias. Ese nombramiento corresponderá a cada medio de comunicación y no al gobierno.
Además, cada concesionario tendrá la obligación de elaborar un código de ética y deberá organizar un mecanismo para la atención de quejas de las audiencias, concepto este último que abarca por igual a población en general como a figuras con autoridad como funcionarios públicos, políticos y empresarios.
El funcionamiento del mecanismo de atención a quejas es uno de los aspectos que más preocupa a las empresas de radio y televisión —a quienes aplicarán los “Lineamientos”—, debido a que la persona que haya presentado una queja a una empresa informativa y siente que no se le atendió debidamente podrá acudir a la CRT, para que revise su caso.
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En este supuesto, el organismo regulador puede aplicar sanciones a la empresa informativa por no haber atendido las quejas de la persona supuestamente ofendida.
GC
