El gobierno federal presentó los detalles del llamado “plan B” de la reforma electoral, que sustituye al proyecto de reforma constitucional que fue rechazado en la Cámara de Diputados.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta será enviada este martes al Senado de la República, donde iniciará su discusión legislativa.
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“Va hoy a la Cámara de Senadores la propuesta. Tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal”, aseguró la mandataria.
Menos gasto y más control institucional
El “plan B” propone disminuir el número de regidurías en los municipios, al fijar un rango de entre siete y 15 integrantes, además de limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento.
En el caso de los congresos locales, se propone un tope presupuestal equivalente a 0.70% del gasto total de cada entidad federativa. Los recursos ahorrados se destinarían a obras de infraestructura en estados y municipios.
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Asimismo, se plantea que consejeros, magistrados y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de tribunales electorales no perciban salarios superiores al salario del presidente de la República en turno.
La iniciativa también elimina prestaciones adicionales como bonos y seguros médicos privados.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, destacó que la propuesta responde al principio de austeridad, al señalar que busca “menos privilegios y mayor participación ciudadana”, además de ajustar los sueldos de funcionarios a niveles “dignos, pero no excesivos”.
En materia de participación ciudadana, se propone que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que ubicaría la siguiente consulta de revocación de mandato en 2027 o 2028.
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El proyecto también incluye modificaciones a diversas leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos.
Entre los cambios destacan topes salariales para funcionarios electorales, uso de tecnología en fiscalización, transparencia en ingresos partidistas y restricciones a recursos de origen ilícito o extranjero.
Claudia Sheinbaum reiteró que su administración insistirá en reducir el presupuesto del INE y el financiamiento a partidos políticos. “Seguimos insistiendo en reducir privilegios”, afirmó.
El “plan B” plantea reducir de manera progresiva el presupuesto del Senado de la República, así como iniciar el cómputo de los procesos electorales final de la jornada, lo que replica la propuesta del proyecto anterior, en el sentido de dejar de utilizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
GC
