La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este miércoles a la Cámara de Diputados dos iniciativas en materia de agua, una que consiste en la expedición de la nueva Ley General de Aguas y otra para reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Con estas propuestas de ley, se pretende recuperar la rectoría del Estado sobre este recurso estratégico, combatir el mercado negro, así como garantizar el “derecho humano al agua”.
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En su conferencia de prensa de todas las mañanas desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum aseguró que estas reformas representan “una buena forma de celebrar el primer año de gobierno”, ya que marcan un cambio de paradigma en la gestión del agua en México.
La mandataria, que este miércoles celebra su primer aniversario en el cargo y también el inicio de su segundo año, justificó que sus iniciativas de ley corregirán los vicios que se generaron a partir de las reformas realizadas en el año de 1992, como la transferencia de concesiones entre privados y la sobreexplotación de los recursos hidráulicos del país.
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, en la #MañaneraDelPueblo el DG de Conagua, @Efrainmoralesl, presentó iniciativa de Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
— Conagua (@conagua_mx) October 1, 2025
Nuestro compromiso es ordenar concesiones y garantizar el derecho humano al agua. pic.twitter.com/0ur5LYocCC
Con las nuevas disposiciones, se regularán las concesiones y se prohibirá la venta o transferencia de títulos, ya que “el agua es un bien de la nación”, que “se puede concesionar, pero no comercializar”, aseguró Claudia Sheinbaum.
En la conferencia “mañanera”, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la nueva Ley General de Aguas establece las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, conforme al artículo cuarto constitucional.
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El funcionario enlistó los puntos principales de la nueva ley.
La creación de una “Estrategia nacional hídrica” como instrumento de planeación y evaluación a largo plazo.
La captación obligatoria de agua de lluvia en obras públicas y privadas.
El reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua, en especial de comunidades indígenas, para uso personal y doméstico sin fines de lucro.
La definición de competencias claras entre los tres niveles de gobierno para la gestión del recurso.
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En cuanto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, Morales destacó que el Estado mexicano será el único responsable de regular las concesiones, mismas que ya no podrán ser transmitidas a terceras personas, ni modificadas en su uso original.
Asimismo, se creará el “Registro Nacional del Agua”, que dará certeza jurídica a usuarios y permitirá la trazabilidad de todos los permisos.
La propuesta también incluye medidas más estrictas contra el uso indebido del agua. Entre ellas destacan sanciones más severas, la imposición de multas y hasta la aplicación de la figura de extinción de dominio en casos de extracción ilegal.
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Además, se incorpora un nuevo capítulo de “delitos hídricos”, que sancionará con penas de uno y hasta 10 años de prisión y multas de 300 a 4,000 días de salario —no precisaron si mínimos— a quienes incurran en explotación ilegal, corrupción en concesiones, desvío de cauces o traslado ilícito de aguas nacionales.
De manera complementaria, se creará un “Fondo de reserva de aguas nacionales”, así como la promoción de la tecnificación de sistemas de riego y abastecimiento para reducir el desperdicio.
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, dijo que la iniciativa de reformas en materia de aguas nacionales dota al país de un “marco jurídico integral, equitativo y humanista”, que permite enfrentar “los retos del extractivismo, el despojo y el cambio climático”.
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Godoy Ramos destacó asimismo que la propuesta fue construida a partir de foros de consulta realizados en las 13 regiones hidrológicas del país, en los meses de febrero y marzo de este año, en los que participaron especialistas, comunidades y organizaciones sociales.
GC
