Con 120 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen de relativo a la reforma y justicia laboral, además de libertad sindical. Con la aprobación, el Senado inició el análisis del dictamen que reforma las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social (Infonavit). En comisiones, senadores aprobaron en materia de libertad sindical que el trabajador pueda decidir si quiere pertenecer o no a un sindicato sin represalias y que la elección del líder sindical sea votado en secreto, así como el derecho a negociación de contratación colectiva, establecidos en los Convenios 87 y 98 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), respectivamente. Además de la regulación para el estallamiento a huelga, así como la justicia y el respeto a los derechos laborales. La aprobación de la reforma laboral es necesaria para que se avance en la discusión y ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). De acuerdo con Gerardina González, directora de la Oficina de la OIT para México y Cuba,los cambios que se propusieron desde la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo (LFT) van en línea con el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a garantizar y promover libertad de asociación sindical y la negociación colectiva. También te puede interesar: Empresarios demandan al Senado revisar minuta de reforma laboral Justamente, uno de los puntos centrales de la reforma laboral son los sindicatos y huelgas. Por ejemplo, el nuevo proyecto de ley finaliza las juntas tripartitas y las reemplaza con un instituto independiente para registrar sindicatos y manejar disputas menores. También crea tribunales laborales para resolver disputas legales. Además, la reforma laboral apuesta a que los juicios individuales no duren más de 45 días naturales, lo que representaría una reducción sustancial desde los tres o hasta cinco años que tardan las juntas de conciliación y arbitraje en resolver esas demandas. Con información de El Financiero LP