La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó por mayoría en contra de un proyecto de sentencia, en el sentido de revocar una suspensión definitiva con efectos generales, en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
La ministra ponente del proyecto fue Lenia Batres Guadarrama, quien argumentó que el Juzgado federal que otorgó la medida cautelar de la suspensión definitiva con efectos generales “se extralimitó” en sus facultades, en aras de proteger “un interés personal” por encima “del interés público”.
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Batres Guadarrama recordó que la intención de extinguir los 13 fideicomisos del Poder Judicial fue autorizada por el Poder Legislativo y tiene el objetivo de utilizar sus recursos para atender a los damnificados del huracán Otis que, en octubre pasado, azotó a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, estado de Guerrero.
El proyecto de Lenia Batres recibió este miércoles cuatro votos en contra de los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa, por lo que solo la ministra ponente fue la única que dio su voto a favor.
Debido a este resultado, Luis María Aguilar tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo proyecto de sentencia en el sentido de ratificar la resolución del Juzgado que otorgó como medida cautelar la suspensión definitiva de la extinción de los 13 fideicomisos.
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De esta manera, el Máximo Tribunal del país consideró que fueron correctos los criterios del Juzgado federal que concedió la suspensión definitiva con efectos generales a la aplicación del decreto que desaparece los fideicomisos, por lo que esta medida cautelar seguirá vigente en lo que terminan de desahogarse todas las etapas el juicio de amparo y el Juzgado emita una sentencia, ya sea a favor del quejoso o bien en contra.
Como se informó, el Poder Legislativo aprobó en octubre del año pasado un decreto que ordena la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que amparan prestaciones de su personal, para destinar sus recursos — unos 15,000 millones de pesos (mdp)— a las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otis y la atención de las familias damnificadas.
Inmediatamente después de que se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), partes interesadas como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acudieron a los tribunales para solicitar el amparo de la justicia.
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El gobierno federal ha combatido estos juicios de amparo, de ahí que la controversia ha llegado hasta la SCJN.
GC
