La presidenta Claudia Sheinbaum informó que retrasó el envío de su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados para su discusión, luego de realizar observaciones al proyecto que le fue presentado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la víspera recibió la redacción de la propuesta y efectuó algunos comentarios antes de remitirla al Poder Legislativo.
“Tuve algunos comentarios, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario.
“Entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral”, mencionó la jefa del Ejecutivo.
De acuerdo con la presidenta, derivado de estas observaciones se realizará una nueva revisión del documento para evitar inconsistencias en su contenido antes de enviarlo a San Lázaro.
“Para que no haya ninguna contradicción. Para que no haya ningún problema… Y por eso no se envió el día de ayer. Pero bueno, ya, ya está lista, ahora sí”, concluyó.
La iniciativa en materia electoral plantea que la Cámara de Diputados se integrará por 500 legisladores, todos electos mediante votación directa, es decir, por voto popular. Se mantiene la estructura de 300 diputados de mayoría relativa, electos en casillas, y 200 de representación proporcional.
De estos últimos, 97 corresponderán a candidatos que obtuvieron el segundo lugar en la votación, mientras que 95 serán electos por circunscripción y por partido político mediante votación directa. En consecuencia, todos deberán realizar campaña. Los ocho espacios restantes estarán destinados exclusivamente a mexicanos radicados en el extranjero.
En el caso del Senado de la República, el número de integrantes pasará de 128 a 96 legisladores. De ellos, 64 serán electos por mayoría relativa y 32 por representación proporcional —primera minoría—.
La propuesta contempla que el costo económico de los procesos electorales disminuya en 25%, mediante recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de los partidos políticos, de los organismos electorales estatales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales estatales.
Aunque el INE conservará su estructura de 11 consejeros electorales, se aplicará una reducción a los sueldos y bonos de sus funcionarios, en cumplimiento del artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir una remuneración superior a la del presidente de la República.
Asimismo, se prevé una mayor fiscalización de los partidos políticos, facultando al INE para revisar las operaciones financieras tanto de los institutos políticos como de sus candidatos. Se prohíben las aportaciones en efectivo, por lo que los recursos destinados a campañas deberán administrarse exclusivamente a través del sistema financiero. También se contempla el uso de tecnologías para fortalecer la supervisión.
En materia de voto en el extranjero, la iniciativa busca facilitar el sufragio de los mexicanos radicados fuera del país, particularmente en lo referente a la diputación migrante.
Respecto a los tiempos de publicidad en radio y televisión para campañas políticas, se establece una reducción de 48 a 35 minutos diarios.
El proyecto también impulsa la regulación del uso de inteligencia artificial y de bots en campañas políticas, así como el inicio de los cómputos distritales al término de la jornada electoral. No se precisa qué ocurrirá con el Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP).
Además, se promueven mecanismos de democracia participativa, como las consultas ciudadanas de revocación de mandato, que se ampliarían a estados y municipios. También se impulsa la introducción del voto electrónico para facilitar la participación ciudadana.
Entre otros puntos, la iniciativa prohíbe el nepotismo en cargos de elección popular, al impedir que estos puedan heredarse entre familiares, y establece la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular.
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