Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces y abogados, solicitó a las autoridades mexicanas que reconsideren la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial, al manifestar sus preocupaciones sobre los riesgos de que la reforma atente contra la autonomía de los jueces.
“Mientas la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México”, dijo la funcionaria internacional, en sus cuentas de redes sociales.
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“Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, agregó Satterthwaite.
La funcionaria de la ONU hizo este comentario cuando la Cámara de Diputados se prepara discutir y aprobar en comisiones el dictamen que reforma al Poder Judicial, que pretende introducir un mecanismo de voto popular para designar a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, el proyecto plantea que los poderes Ejecutivo, Legislativo y el mismo Judicial tendrán Comités de Evaluación para hacer un proceso de preselección, mediante el cual se definirán listas de candidatos a juzgadores.
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Según el dictamen, que comenzará discutirse a partir de hoy, se convocará a elecciones extraordinarias en 2025 para elegir a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a 50% de magistrados de tribunales de circuito y una parte de jueces de juzgados federales.
En 2027 se elegirá el resto de los juzgadores que no fueron designados en los primeros comicios.
Organizaciones empresariales nacionales e internacionales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Consejo de Empresas Globales, han manifestado igualmente su preocupación por las implicaciones que pudiera tener esta reforma para la certeza jurídica, en el entendido de que pudiera comprometerse la independencia y la autonomía de los juzgadores.
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Asimismo, el gobierno de Estados Unidos, vía el embajador Ken Salazar, igualmente ha levantado la voz para expresar sus inquietudes sobre la reforma judicial y sus posible choque con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sin embargo, el gobierno federal y los legisladores del oficialismo han minimizado los comentarios del sector privado y han calificado de “injerencismo” las palabras de Ken Salazar en los asuntos internos, por lo que descartan cualquier posibilidad de suspender o retirar el proyecto de reforma constitucional.
La Cámara de Diputados tiene previsto aprobar en comisiones el proyecto de reforma en el transcurso de esta semana, para que la nueva Legislatura, que entra en funciones el 1 de septiembre, pueda retomar el dictamen aprobado y someterlo a discusión del pleno para sus aprobación el próximo domingo o lunes.
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En su conferencia de prensa de esta mañana, Andrés Manuel López Obrador descartó, de momento, reunirse a conversar con Ken Salazar para limar asperezas.
“Diálogo siempre debe haber. El asunto es que los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía”, dijo el mandatario.
GC
