La batería de proyectos de reformas constitucionales y a leyes secundarias que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, el pasado 5 de febrero, no debe ser aprobada porque va en contra de los esfuerzos de combate a la corrupción y del fortalecimiento del modelo democrático del país.
Así lo consideró International Chamber of Commerce México (ICC México) o Cámara Internacional de Comercio, al solicitar a los legisladores federales que “prioricen a las instituciones” y que “reflexionen” sobre los riesgos que implica para la República Mexicana seguir adelante con esos 20 proyectos de ley.
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En un comentario sobre estas iniciativas, ICC México consideró que más allá de discutir estas iniciativas de reforma, lo más importante y urgente en este momento es atender problemas como la inseguridad pública y la impunidad, que afectan a regiones enteras.
De los 18 proyectos de reforma constitucional y dos a leyes secundarias que dio a conocer López Obrador hace una semana, ICC México destacó el caso de la reforma al Poder Judicial, que pretende someter a votación a los juzgadores; la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la extinción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
La reforma al Poder Judicial de López Obrador plantea reducir al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve ministros, así como su periodo de 15 a 12 años. Las votaciones del pleno se ganarán por seis votos, en lugar de los ocho actuales.
Además, los ministros de la SCJN serán propuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo y luego ratificados por voto popular. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desaparecerá para ser reemplazado por un Tribunal de Disciplina Judicial.
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ICC México consideró que lo más preocupante de este proyecto es que se plantea la destitución inmediata de la integración actual del pleno de la SCJN y el nombramiento de nuevos ministros.
“Esta propuesta implica el desmantelamiento de uno de los Poderes de la Unión al erosionar por completo los pesos y contrapesos internos que subsisten en la integración actual de la SCJN”, consideró ICC México.
Vinculado con lo anterior, el mecanismo de designación por voto popular de los ministros no es en sentido estricto un proceso de participación directa de los ciudadanos, ya que los aspirantes serán preseleccionados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Pero además, esta nueva forma de integración del pleno de la SCJN no garantiza que se llamarán a los abogados mejor preparados, con carrera judicial y con independencia política de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que a su vez no permitirá que las resoluciones sean imparciales y con apego a la Constitución Política.
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En relación con la desaparición del INAI, la Cámara hizo ver que el Instituto ha demostrado ser un eficiente defensor de los derechos a la información y a la protección de datos personales, ya que ha contribuido a “develar grandes desfalcos y redes de corrupción que operan en este y otros sexenios como la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y las irregularidades en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya”.
Otro inconveniente de la posible desaparición del INAI es que no se garantiza la protección de los derechos a la información y el resguardo de los datos personales de los ciudadanos, al pretender distribuir estas funciones en diversas entidades del sector público.
Entidades como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional Electoral (INE) pueden convertirse en “juez y parte” cuando se trate de atender una solicitud de información pública de los ciudadanos o una queja por mal uso de sus datos personales, por lo que estos derechos solo quedarán en el papel.
En relación con la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y la transferencia de sus funciones a la SFP, la reflexión de ICC México va en el sentido de que esta iniciativa implicará darle la puntilla a los esfuerzos para combatir la corrupción en las instituciones de gobierno.
“La integración del Sistema Nacional Anticorrupción es un factor clave en una verdadera estrategia que busca detectar y erradicar la corrupción en nuestro país, lo cual se logra a través de una coordinación entre las entidades que lo integran, así como el establecimiento de bases de datos de información”, consideró ICC México.
GC
