Si bien el sistema electoral vigente de México es perfectible, la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no necesariamente contribuye a reforzar la credibilidad de las elecciones y sí puede crear nuevos problemas que actualmente no existen en el país, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Para empezar, llama la atención que se modifique el mecanismo de selección de consejeros del que pretende denominarse como Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC) —en sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE)—, así como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa de reforma plantea que los funcionarios electorales sean propuestos por los tres poderes de la unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, cuyos nominados serán sometidos a voto popular y, a partir de allí, obtener su nombramiento.
El riesgo está en que “el voto popular es susceptible de ser manipulado por acarreo y compra de votos, por lo que no es deseable”, consideró Valeria Moy, directora general del Imco, en un comentario sobre la propuesta presidencial.
Otro riesgo innecesario radica en que la selección de los funcionarios electorales a partir del voto popular no garantiza que los perfiles sean los idóneos para la responsabilidad que tendrán en sus manos.
Actualmente, el INE dispone de un servicio profesional de carrera que permite formar y capacitar a los funcionarios con conocimientos jurídicos y técnicos sobre los procesos electorales.
“Es fundamental garantizar la capacidad de los funcionarios electorales. Si el proceso se vuelve por votación popular, nada garantiza la capacidad de los perfiles propuestos”, advierte Valeria Moy.
Asimismo, el proyecto de reforma electoral plantea la reducción del Senado y de la Cámara de Diputados al disminuir el número de legisladores en cada cámara, con la intención de ahorrar presupuesto y agilizar los trabajos legislativos.
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De aprobarse el proyecto, la Cámara de Diputados reducirá su tamaño de 500 a 300 legisladores, mientras que el Senado se contraería de 128 a 96 legisladores.
Aparentemente, esta idea “suena bien, pero reduciría la representación de minorías”, advirtió Valeria Moy, ya que los partidos de oposición al partido oficialista tendrán menores oportunidades de ingresar al poder.
Una de las banderas del gobierno lopezobradorista ha sido impulsar las consultas populares, como mecanismo para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, como ha sido la consulta de revocación de mandato del mismo presidente López Obrador, que se realizó en abril de este año.
La iniciativa de reforma propone reducir la cantidad de votos necesarios para hacer vinculantes las consultas ciudadanas, esto es que la voluntad popular tenga una consecuencia práctica. Actualmente, se requiere de 40% del padrón electoral, pero el proyecto sugiere reducir este requisito a 30% del padrón.
El problema con este planteamiento es que “se puede quitar a un presidente con muchos menos votos de los que obtuvo al ganar la elección”, lo que puede generar cuestionamientos sobre la validez de la consulta ciudadana, refirió Valeria Moy.
En este sentido, la experta opinó que, lo más deseable, “es que ni siquiera se abra el proceso” de reforma electoral, ya que “estaríamos perdiendo democracia justo en el momento en el que el país la necesita más que nunca”.
GC
