Este domingo se lleva a cabo en México la consulta popular que determinará si se enjuicia o no a los últimos cinco expresidentes del país, en el caso de existir suficientes indicios de corrupción o algún otro delito que hayan cometido durante su administración.

Para ello, más de 93 millones de ciudadanos fueron llamados a participar, en una jornada que inició desde las 8:00 horas (tiempo del centro), cuando abrieron algunas de las mesas receptoras, y concluirá hasta las 18:00 horas. Las mesas se abrieron progresivamente una y dos horas después en los estados occidentales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), a las 18:00 horas informará sobre una primera proyección de los resultados y de participación a las 21.00 horas.

Es importante señalar que para que el proceso pueda considerarse como “vinculante”, la consulta popular requiere de una participación de 40% de la población que puede votar, es decir 37 millones de personas.

El ejercicio fue convocado y promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien señaló que, en el caso de votar, lo haría por el “no”, pues no quiere que esta iniciativa sea considerada como una “venganza”.

Mientras tanto, en el país se planteó instalar 57,000 mesas electorales, una cifra mucho menor a las 163,000 mesas de los comicios intermedios de junio, algo que el INE ha atribuido a la falta de presupuesto que le dio el Congreso.

Las organizaciones promotoras de la consulta, vinculadas al oficialismo, han denunciado que el INE no ha puesto suficiente empeño en la organización de la consulta, mientras que el órgano electoral sostiene que ha hecho “una intensa campaña de difusión”.

Ni el presidente ni nadie de su Gobierno ha explicado su plan en caso de que se imponga el “sí” a enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La consulta divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la Justicia se someta a las urnas porque la Fiscalía debería denunciar a los expresidentes si tiene pruebas de delitos.

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