La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer una reforma al artículo 19 constitucional, que amplía la cantidad de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero que dejó fuera de la lista a la defraudación fiscal y al narcomenudeo.

Se trata de uno de los 20 proyectos de reformas constitucionales y a leyes secundarias que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuyos dictámenes fueron aprobados en comisiones por la legislatura pasada, en el mes de agosto.

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El proyecto original de reforma al artículo 19 constitucional expresaba que el juez puede aplicar la prisión preventiva oficiosa a los sospechosos de “extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas”, así como a las personas que sean sospechosas de haber cometido “defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales”.

Sin embargo, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una reserva para retirar del dictamen heredado de la legislatura pasada los delitos de defraudación fiscal y el narcomenudeo, propuesta que fue aprobada por la mayoría.

Asimismo, la reserva incluye como actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y las drogas sintéticas las de introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales.

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De nada sirvieron los argumentos de la oposición, en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa es una figura legal que viola la presunción de inocencia de los ciudadanos hasta que se compruebe que efectivamente cometieron un delito.

Asimismo, los diputados de la oposición recordaron que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no recomiendan la prisión preventiva, al considerarla como una figura que viola los derechos humanos y que fomenta la incompetencia de las fiscalías, al tener menos incentivos para investigar y agotar todos los medios de prueba contra los sospechosos.

Los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron al oficialismo de querer encarcelar a los mexicanos, solo por simples suposiciones y sin pruebas.

El dictamen fue turnado al Senado para su análisis, debate y eventual aprobación.

GC