Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acudirá directamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su campaña por defender la implementación de su reforma eléctrica.
El mandatario adelantó que enviará una carta al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que tocará el tema del freno a sus reformas para la Ley de la Industria Eléctrica y, específicamente, sobre cómo procedió el juez que concedió la suspensión a la ley.
“Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita”, declaró el lunes durante su conferencia matutina.
Ya se anticipaba un choque de cornamentas en los tribunales por la reforma eléctrica de AMLO. Los cambios al marco legal pasaron por el Congreso con rapidez a pesar de las críticas gracias a la mayoría de Morena -el partido del presidente- en ambas Cámaras. Los analistas casi daban por hecho la aprobación del dictamen, señalando que la verdadera batalla sucedería no en el Legislativo, sino en el Judicial.
A dos días de haberse promulgado, la reforma eléctrica fue frenada provisionalmente por un juez federal, en respuesta a un amparo interpuesto por una empresa. Aunque no suspende los cambios legales, sí impide que se implementen, interrumpiendo el plazo de 180 días de adaptación contemplados en la reforma.
Un día después de la suspensión, AMLO dijo que pediría una “revisión del proceder” del juez que la otorgó, augurando lo que podría ser un una serie de jornadas amargas para el Judicial.
“Le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, añadió en su conferencia del lunes.
La reforma de López Obrador hace cambios a la Ley de la Industria Eléctrica para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía a la red eléctrica nacional, relegando a las plantas renovables (solares y eólicas) al final de la fila. Estas últimas, cabe mencionar, se encuentra en su mayoría en manos de privados.
Los cambios a la ley eléctrica servirán, según el presidente y sus funcionarios, para impulsar a la CFE y ayudar en su “rescate”, sirviendo así al interés nacional. El empresariado considera, por su parte, que la reforma da una ventaja injusta a la paraestatal, marginando la inversión privada, empeorando el clima de inversión, afectando la competitividad en el sector e incluso chocando con compromisos de México en tratados internacionales.
Este es sólo el capítulo más reciente en una historia más amplia de fricciones entre AMLO y la IP tanto nacional como foránea. La política energética se ha vuelto un punto de conflicto entre ambas partes.
El gobierno federal quiere implementar una política de tintes nacionalistas que revierte, al menos en parte, la apertura de mercado que sucedió con la reforma energética promulgada en el sexenio pasado. Ésta choca directamente con los intereses de la IP, cuyos proyectos están siendo empujados hacia el margen, afectando el de por sí erosionado clima de inversión en el país.
La batalla, por el momento, sucede en suelo nacional. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el pleito llegue a oídos de tribunales internacionales.
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