El presidente Enrique Peña Nieto, reconoció en su 5to. Informe de Gobierno que, “la política de desarrollo social es un reto considerable”, no obstante, refirió que, mediante la atención integral y la conjunción de esfuerzos, plasmados en acciones concretas, su administración ha obtenido importantes avances. En el documento, el mandatario mexicano destacó que una de las prioridades de su administración es garantizar el ejercicio de los derechos sociales para lograr equidad, cohesión social e igualdad sustantiva en el país. Subrayó que, para lograrlo es necesario promover que los individuos cuenten con las condiciones mínimas para su desarrollo pleno, como lo son: el acceso a servicios básicos, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna.
“Las acciones que a este respecto se han llevado a cabo en los últimos cinco años tienen como finalidad generar las condiciones necesarias para que de manera progresiva se generen mejores niveles de bienestar en la población más vulnerable”, apuntó.
Con este objetivo, señaló que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha centrado su trabajo en el abatimiento de las carencias sociales (alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda) y el reconocimiento pleno de los derechos sociales de los mexicanos.
“Durante el último año se ha fortalecido la Estrategia Nacional de Inclusión que busca incidir en el acceso a los derechos sociales y la disminución de las carencias mediante la coordinación eficiente y efectiva de las políticas y programas públicos”, subrayó.

Acciones para erradicar rezago educativo

Peña Nieto informó que en lo que va de su gobierno, 4 mil 124 mil adultos superaron el rezago educativo, es decir 43.6% más que lo registrado entre 2017 y 2011, según datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Con respecto a la educación de los niños mexicanos, difundió que 289 mil infantes, de entre tres y cinco años, que actualmente asisten a centros de atención infantil (guarderías, estancias infantiles y centros de desarrollo infantil) ahora reciben una educación que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce como equivalente al primer año del preescolar, incrementando de esta forma la matrícula preescolar, lo que contribuye a la disminución del rezago educativo. En torno a la educación de niños y jóvenes, detalló que durante el ciclo escolar 2016-2017, con el programa Prospera, se otorgaron becas a cerca de 6.4 millones de niños y jóvenes, de los cuales 5 millones se encuentran en educación básica (2.8 millones en primaria y 2.2 millones en secundaria), en tanto que 1.4 millones son de educación media superior”. En el mismo periodo se entregaron 13 mil 636 becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas con el fin de apoyar a niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, para que tengan acceso, permanezcan y concluyan la educación básica.

Fortalecimiento del desarrollo laboral

En torno al sector laboral, el presidente mexicano apuntó que se crearon más de 2.8 millones de empleos formales, lo que se ve reflejado en el acceso a servicios de salud, protección ante incapacidad laboral y ahorro para el retiro. Entre los avances más importantes en este sentido, resalta la colocación de 42 mil 912 personas en el sector agrícola, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, con lo que se obtuvo una tasa de colocación de 70.7%.
“Además, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017, se atendió a 396 mil 239 adultos mayores buscadores de empleo, de los que 175 mil 298 lograron colocarse en un empleo u ocupación productiva. Estas cifras superan en 136.8% las atenciones y en 186.2% las colocaciones, que se registraron en igual periodo de la administración anterior”.
En tanto, el salario diario asociado a los 2.8 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es 1.2 veces superior al salario mínimo vigente (salario mínimo 80 pesos; salario base de cotización 335.6 pesos). Este aumento se vio reflejado en el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares que incrementó 6.4% entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2017.

Entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Con respecto a las acciones encaminada a garantizar vivienda digna a las familias e impulsar ciudades sustentables, seguras, resilientes y compactas, señaló que en su administración se han diseñado políticas públicas enfocadas en garantizar esos derechos fundamentales.
“Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) implementó diversas estrategias y líneas de acción para transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable, abatir el rezago de vivienda y promover una mejor coordinación interinstitucional para el impulso del desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda”.
En este aspecto, informó en su V Informe que entre 2014 y 2017 se realizaron un millón de “acciones”, desde pisos, muros y techos firmes, hasta cuartos adicionales, lo que benefició a 4 millones de personas aproximadamente.
“Entre 2008 y 2012 la carencia por calidad y espacios en la vivienda se redujo en 3.8 millones. En los últimos tres años se obtuvo un impacto similar que en casi todo el sexenio anterior”.
A esto, se suman 2.2 millones de acciones que se llevaron a cabo, de enero de 2013 a junio de 2017, para brindar acceso a los servicios básicos en las viviendas (instalación de fogones ecológicos, ampliación de drenajes, redes de agua potable y redes de suministro de energía eléctrica).

Reducir enfermedades crónicas, prioridad en Salud

En el documento, el mandatario indica que, en tema de salud se dio prioridad a reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión.
“Se realizaron acciones para proporcionar a las personas información, incentivos y servicios para que se mantengan sanas y prevengan enfermedades hasta detectar y atender oportunamente los problemas de salud a lo largo del ciclo de vida de las personas”.
Detalló que estar afiliado a una institución pública como el Seguro Popular, el IMSS o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios de salud.
“En 2012 una de cada cinco personas no estaba cubierta por algún esquema de aseguramiento público en salud. En 2016, casi 86.6% de la población mexicana está protegida por alguna de estas instituciones, de acuerdo con datos de la reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016”.
Esta creciente afiliación “se refleja en el aumento de la utilización de servicios públicos de salud, que pasó de 53% en 2012 a 63% en 2014”.
informe

Fuente: Presidencia

Inclusión a través de programas sociales

En materia de programas sociales, asegura que en se redujo el límite de edad de 70 a 65 años en el padrón de adultos mayores con derecho a los beneficios del Programa Pensión de Adultos Mayores, lo que multiplicó casi al doble el número de beneficiarios.
“Al tercer bimestre 2017 hay un total de 5,375,977 beneficiarios de los 6.4 millones de personas con más de 65 años que carecían de esa cobertura”.
En cuanto a los apoyos para las madres de familia, refiere que el Seguro de Vida para Jefas de Familia cubre a más de 6.7 millones de madres pre-registradas.
“Además más de 48 mil niños y jóvenes en situación de orfandad ya reciben apoyos para continuar su educación. Este seguro no existía antes de este gobierno”.
Con respecto a las acciones para erradicar la pobreza extrema, la actual administración aseguró que 5.4 millones de personas en condición de pobreza extrema de alimentación, reciben apoyo de al menos, uno de los 90 programas sociales que instrumentan 19 dependencias y organismos federales en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Finalmente, destacó que través de la Estrategia Nacional de Inclusión se ha construido una red de 5 mil 294 comedores comunitarios de Sedesol que atienden a 530 mil 357 mexicanos, principalmente mujeres embarazadas o en lactancia, niñas y niños menores de 11 años, personas con discapacidad y adultos mayores garantizándoles acceso a una alimentación sana, variada y suficiente.   ERC