La compra del programa cibernético Pegasus, utilizado para labores de espionaje en las instituciones de seguridad pública, se hizo en condiciones fraudulentas, porque se pagó a sobreprecio.
Así lo informó Pablo Gómez Álvarez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena transparentar versiones públicas de la información relacionada con la adquisición de ese programa en gobiernos pasados.
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Le corresponde a la UIF “dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevalorado, hubo un fraude. Se compró por más de lo que valía”, comentó el funcionario, al insistir en que la dependencia a su cargo no tiene inconveniente en publicar la información que tiene en sus manos sobre el caso.
Sin embargo, la UIF carece de facultades para entregar los contratos de las compras del programa, porque no es la autoridad que los firmó, sino que su único papel consistió en analizarlos y revisar las transacciones financieras involucradas para pagarlos.
En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, Gómez Álvarez recordó que la sentencia de la SCJN tuvo como origen una solicitud de información de dos particulares que piden conocer la información sobre la contratación y la compra del software Pegasus, lo que incluye una versión pública sobre la investigación de la red de empresas que estuvieron involucradas en la comercialización del programa entre 2012 y 2018.
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No obstante, “el diagnóstico hace referencia a la tecnología que utiliza la UIF en sus actividades que le corresponden. Esa tecnología no es pública ni puede serlo, es por definición y sin tener que hablar mucho, un asunto de seguridad nacional”, aseguró el funcionario.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace unos días instruyó a la UIF acatar la orden de la SCJN y liberar la información sobre Pegasus, Gómez Álvarez deslindó a la oficina a su cargo del uso que se le dio al programa para espiar a periodistas, activistas por los derechos humanos y organizaciones sociales, entre otros personajes, y remitió a las investigaciones de tipo criminal que están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre este particular.
GC
