Líderes de la oposición manifestaron su rechazo a la aprobación de la reforma que traslada a las Fuerzas Armadas el control de la Guardia Nacional, por lo que advierten que darán la batalla en el Senado de la República para impedir su aprobación pero que, en caso de ser votada a favor, entonces impugnarán por la vía de judicial la reforma para declararla inconstitucional.
Los senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguraron que la Cámara alta no aprobará por la vía rápida la minuta sobre la Guardia Nacional, como sí lo hizo la Cámara de Diputados que, de la noche del viernes a la mañana del sábado, aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Añorve Baños expuso que el bloque de senadores de la oposición al oficialismo insistirá en que la minuta sobre la Guardia Nacional cubra la ruta crítica que debe atender cualquier proyecto de ley y que consiste en que las comisiones especializadas del Senado reciban la minuta, la analicen, discutan y emitan su propio dictamen, un proceso que se pasó por alto en la Cámara de Diputados, porque el proyecto se sometió a votación directamente en el Pleno sin pasar por comisiones.
Asimismo, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, perteneciente al Grupo Plural, comentó en su cuenta de Twitter que lo aprobado por los Diputados en las primeras horas del sábado es inviable jurídicamente, ya que la reforma no plantea cambios a la Constitución, sin embargo la iniciativa contraviene lo que dice la Carta Magna.
“La Constitución no ha cambiado. La naturaleza jurídica de la Guardia Nacional es y debe ser civil”, aseguró Álvarez Icaza.
La minuta que votaron a favor los diputados –con el apoyo mayoritario del oficialismo encabezado por el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumirá el control de la Guardia Nacional, en lo administrativo, financiero y operativo, aunque continuará como una institución civil porque seguirá adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La reforma no plantea cambios a la Constitución política, pero sí a las siguientes leyes secundarias: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Los senadores de oposición coinciden en que la reforma es inconstitucional, porque la Carta Magna establece que las policías y corporaciones de seguridad pública, como la Guardia Nacional, deben ser instituciones de naturaleza civil, de ahí que la minuta aprobada por los Diputados excede los límites establecidos en materia de seguridad.
Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, informó este domingo que su partido, junto con otros de oposición como el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentarán una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que la mayoría de Morena logre imponerse en el Senado.
“Al inicio de este gobierno morenista se les dio el voto de confianza aprobándoles por unanimidad que los militares pudieran participar por cinco años en la integración, formación y capacitación de la Guardia Nacional señalando que, en los primeros tres años de su aprobación, se está haciendo exactamente lo contrario al mandato constitucional”, expuso Cortés Mendoza, en un comunicado.
El líder panista cuestionó que el gobierno del presidente López Obrador esté empeñado en construir una policía militar, en lugar de una policía civil, como lo dice la Constitución.
GC
