Legisladores de Morena se lanzaron a la carga para defender la política energética de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El partido del presidente presentó el miércoles una iniciativa de ley que bloquearía a juicios de amparos que afecten algunos de sus proyectos legislativos, entre ellos cambios que impulsarían o beneficiarían a las dos empresas del Estado en el sector energético (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad).
La iniciativa fue presentada por la diputada morenista Reyna Ascencio Ortega y modificaría aspectos del artículo 129 de la Ley de Amparo.
“[La propuesta evitará] que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”, explica la diputada en su exposición de motivos.
De ser aprobada en el Congreso, la iniciativa también afectaría la capacidad de órganos autónomos y otros componentes del gobierno federal de oponerse a los cambios que el presidente lleva meses intentando implementar para que ningún funcionario público tenga un salario mayor al suyo.
La propuesta llega a unos días de que comenzara lo que se perfila será una guerra legal entre el gobierno federal y la iniciativa privada.
La semana pasada se promulgaron los cambios solicitados por AMLO a la Ley de la Industria Eléctrica, los cuales beneficiarán a la CFE en el despacho de energía al sistema eléctrico nacional, esto a costa de las plantas generadoras de energía renovable. Estas últimas están, en su mayoría, en manos de privados.
Dichos cambios fueron frenados días después en tribunales a petición de dos empresas privadas, quienes consideran la reforma eléctrica de AMLO como una movida inconstitucional. Además, consideran que da ventajas injustas a la CFE, que afecta la competitividad en el sector y que podría contravenir compromisos de México adquiridos tras la firma de tratados internacionales.
La administración lopezobradorista no se quedó de brazos cruzados. AMLO envió una carta al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, solicitando que le echara un ojo al actuar del juez que entregó las primeras suspensiones. Zaldívar respondió asegurando que se abriría una investigación en caso de que existan elementos suficientes que la justifiquen.
Este miércoles, la Secretaría de Energía (Sener) presentó una impugnación en contra de las dos suspensiones provisionales que se otorgaron contra la reforma eléctrica.
Esta no es la primera vez que el gobierno federal de AMLO y la IP chocan cornamentas en tribunales. El presidente enfrentó una lluvia de amparos que intentaron frenar la edificación del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, dos de los proyectos emblema de su gobierno.
Los amparos se siguen acumulando. López Obrador, en respuesta, advirtió que está dispuesto a proponer una reforma constitucional para no tener que lidiar con ellos.
En lo que los tribunales resuelven qué sucede, también existe el riesgo de litigios internacionales, pues la reforma eléctrica pisotearía los intereses de empresas estadounidenses, canadienses, europeas y de otras regiones.
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(Con información de El Universal, El Financiero y Milenio)
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