El dictamen de la polémica reforma al Poder Judicial —que introduce la designación de jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular—, se aprobará en la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, pero con el debido cuidado del proceso legislativo y sin precipitar la aprobación, por lo que el debate iniciará a partir del próximo 3 de setiembre.
Así lo acordaron diputados electos del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, quien les pidió a los futuros legisladores ser “cuidadosos” con el proceso de análisis, debate y aprobación del conjunto de reformas constitucionales y a leyes secundarias, que ya fueron dictaminadas y que están pendientes de aprobación final, como la reforma judicial, la extinción de organismos constitucionales autónomos y la incorporación de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, entre otras.
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La reforma al Poder Judicial es una prioridad para el oficialismo, ya que tiene previsto sacarla adelante en el transcurso de septiembre, antes de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La intención de Morena consistía en iniciar el debate de la reforma judicial el mismo 1 de septiembre, cuando se inaugura la nueva legislatura, pero los diputados aceptaron posponer el comienzo de los trabajos a petición de Sheinbaum Pardo.
“Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario de Morena es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite”, comentó Ricardo Monreal Ávila, en conferencia de prensa conjunta con Claudia Sheinbaum, después de la reunión de la mandataria electa con la bancada del oficialismo.
Ricardo Monreal fue electo como líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general y lo particular el dictamen de la reforma constitucional al Poder Judicial, con lo que ya fue turnado a la Mesa Directiva para su trámite legislativo.
Lo que sigue es que la nueva Legislatura, que iniciará funciones el 1 de septiembre, reciba el dictamen para su análisis, debate y eventual aprobación. Se espera que el proyecto sea autorizado sin dificultades, ya que el oficialismo obtuvo mayoría calificada en la Cámara baja —con 364 lugares— que le permite hacer reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
Posteriormente, la Cámara de origen turnará el dictamen al Senado de la República, donde el oficialismo también tiene una amplia mayoría —aunque no calificada— para sacar adelante la reforma al Poder Judicial.
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El dictamen de la reforma en materia de justicia plantea que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, y la destitución del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la reducción del pleno de 11 a nueve ministros.
En junio de 2025 se realizarán las primeras votaciones para elegir a los ministros de la Corte, la mitad de los magistrados de tribunales de circuito y una parte de los jueces federales (las plazas vacantes).
En 2027, se realizarán otras elecciones para designar a los juzgadores que falte por renovar.
Asimismo, en la votación particular, los diputados aprobaron ayer introducir en el dictamen la figura de “jueces sin rostro”, que se refiere a juzgadores cuya identidad se mantenga bajo resguardo, en aras de protegerlos de posibles represalias del crimen o de otros grupos que pudieran atentar contra su vida.
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Entre otros cambios relevantes, el dictamen también flexibiliza los requisitos para ser electo como juez, ya que no se necesitará tener experiencia profesional; se sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y las entidades federativas tendrán que adaptar sus leyes para armonizar su poder judicial con los cambios hechos al Poder Judicial de la Federación.
GC
