Las estaciones de radio y los canales de televisión deberán tener un código de ética propio y designar a un defensor de las audiencias, por lo que el gobierno no intervendrá en la organización interna o los criterios editoriales de esas empresas.
Sin embargo, las empresas concesionarias sí podrán ser sancionadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) si incumplen con esas obligaciones, advirtió Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
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En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, la funcionaria criticó lo que calificó como una “campaña de desinformación” en torno a los “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”, los cuales permanecen en consulta pública y todavía no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que aún pueden recibir modificaciones.
“Inició esta falsa campaña, primero pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataba de lineamientos que buscaban censurar… Nada de esto está establecido en los lineamientos”, aseguró la funcionaria, que anteriormente fue presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Luisa María Alcalde explicó que las nuevas disposiciones no facultan al Estado para decidir qué información es verdadera o falsa, ni autorizan castigos por los contenidos difundidos por los medios de comunicación.
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Comentó que la responsabilidad de definir los mecanismos para garantizar información verificada recaerá en cada empresa informativa, mediante el código de ética que ella misma elabore.
La funcionaria aclaró que cada concesionaria nombrará libremente a su defensor de las audiencias, figura encargada de recibir y atender las inconformidades de radioescuchas y televidentes cuando consideren vulnerados sus derechos.
De esta manera, dijo que la autoridad no designará a esos representantes ni intervendrá en su actuación.
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Alcalde Luján precisó que la CRT únicamente podrá imponer multas cuando un concesionario omita publicar su código de ética, no designe al defensor de las audiencias o carezca de un procedimiento para recibir y atender quejas del público.
Los lineamientos también incorporan reglas para distinguir con claridad la publicidad de los contenidos editoriales. En televisión, los espacios comercializados deberán identificarse con una “P” al inicio y al final de su transmisión, además de informar cuando un programa incluya contenido patrocinado.
En radio, las inserciones pagadas deberán anunciarse desde el comienzo del segmento.
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Otra de las disposiciones establece mecanismos para diferenciar los programas informativos de los espacios de opinión, mediante avisos al inicio y al cierre de las emisiones, sin obligar a interrumpir las transmisiones para hacer aclaraciones constantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también rechazó que exista censura. Comentó que la CRT sólo podrá intervenir ante el incumplimiento de las tres obligaciones administrativas mencionadas y que el contenido informativo permanecerá bajo la responsabilidad de cada medio de comunicación.
GC
