Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exigieron al Poder Legislativo una discusión seria y amplia del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial, porque de lo contrario se verán forzados a realizar un paro de labores.
Con el tiempo en contra, ya que la Cámara de Diputados pretende aprobar el dictamen de la polémica reforma al Poder Judicial entre el 22 y 23 de agosto, los jueces y magistrados federales aseguraron que la suspensión de labores —por tiempo indefinido— será el último recurso a su alcance para hacerse escuchar ante los legisladores y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que impulsa el proyecto.
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Los integrantes de Jufed se manifestaron este martes afuera del Palacio de Justicia Federal, ubicado en la zona de San Lázaro, de la Ciudad de México, a un lado de la Cámara de Diputados.
Juana Fuentes Velázquez, presidenta del Jufed y la oradora del mitin, expuso que la suspensión de labores es “un derecho de rango máximo” y que tendrá “el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.
Sin aportar mayores detalles, Fuentes Velázquez aseguró que el Jufed está en proceso de organizar el paro de labores en los juzgados, para llevarlo a la práctica cuando los jueces lo consideren necesario, sin precisar una fecha.
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La polémica reforma al Poder Judicial, que presentó López Obrador desde el 5 de febrero pasado, pretende que los jueces, magistrados y ministros sean electos por medio de voto popular, previa selección de candidatos que realizarán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Asimismo, se pretende remover a los actuales ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nombrar a nuevos ministros y reducir al pleno de 11 a nueve integrantes, entre otras modificaciones relevantes.
Juana Fuentes criticó la propuesta para elegir a los juzgadores por voto popular, al considerar que de llevarse a la práctica, se abrirá la puerta para que grupos del crimen organizado intervengan en la labor de los importadores de justicia.
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“Sin duda alguna (la elección de juzgadores) abrirá la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”, dijo la funcionaria.
Juana Fuentes hizo ver que la reforma pondrá en riesgo la independencia judicial, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos humanos.
La vocera de Jufed también comentó que, en lugar del proyecto lopezobradorista, lo que México necesita es una reforma que agilice los procedimientos judiciales y que facilite a las personas más vulnerables acercarse a los tribunales a pedir su apoyo.
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Entre otras propuestas Juana Fuentes mencionó la profesionalización de los policías y fiscales —federales y locales—, el fortalecimiento de la defensoría de oficio, la revisión de plazos y términos legales, así como una reestructuración del sistema carcelario del país.
“Setiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país, si el Congreso entrante y la futura presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) se empeñan en aprobar esta iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas evidencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, comentó Fuentes Velázquez.
Una vez que el dictamen haya sido aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto se entregará a la nueva legislatura que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, para que los diputados federales y senadores lo analicen, discutan y aprueben. La reforma al Poder Judicial tendrá preferencia en la agenda legislativa, para que sea liberada en el transcurso de septiembre.
GC
