El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se investiga a 50 empresas que podrían estar implicadas con la llamada “Estafa Maestra”, desvío que pudo ascender a un daño patrimonial a la nación por más de cinco mil 875 millones de pesos Por este desfalco, se está indagando además a 11 dependencias durante la administración de Enrique Peña Nieto, entre las que destacan la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras (Banobras); y Petróleos Mexicanos (Pemex), que era dirigido por Emilio Lozoya Austin. Al respecto, Nieto aclaró que por el momento no se ha procedido a bloquear cuentas bancarias de los presuntos implicados, pues aclaró que el asunto se sigue investigando.
“En este momento estamos analizando la información que presentó el sistema financiero para efectos de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y por supuesto proceder de acuerdo con nuestras facultades legales. Estamos en este momento trabajando en eso. “De momento no (hay bloqueo de cuentas), pero estamos ya analizado toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia”, dijo el titular de la UIF.
Respecto a Rosario Robles, extitular de la Sedesol, Nieto indicó que no es la única exfuncionaria investigada por el tema y rechazó que se haya violado el debido proceso en la investigación en su contra, tal y como lo dijo la exsecretaria, por la mañana.
“Se trata de un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción. “También hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso a la información pública que, en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público”, explicó Nieto.
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