El abogado, Vidulfo Rosales Sierra, representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, resaltó que el informe presentado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) para este caso, no da “pruebas técnicas” de que los jóvenes “estén sin vida”.
Por lo anterior, padres de familia esperarán al análisis técnico independiente para aceptar estos hechos, indicó.
“Esta prueba técnica para nosotros es indiciaria. Para nosotros es un elemento nada más, que tiene que ser sometido a una corroboración.
“Entonces los padres de familia, no pueden decir, pues ya nos dieron la verdad, ya nos dijeron que es lo que pasó, pues no”, manifestó durante una asamblea que reunió a padres de los jóvenes con diferentes organizaciones.
Rosales Sierra resaltó que en el informe de la Covaj, presentado el pasado 18 de agosto, se hubo algunos avances, como el reconocimiento que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, es un crimen de Estado. Además de que se reconoció la participación de las Fuerzas Armadas.
“La novedad que nos presentan ahora en este informe es ya de una participación directa de, por lo menos, 20 militares directamente en la desaparición y algunos involucrados incluso en el asesinato (de algunos jóvenes)”, apuntó.
El abogado explicó que el informe habla de que la mayoría de los estudiantes están sin vida y que esta hipótesis se sustenta en pruebas técnicas, pero que no han sido corroboradas.
“Pues al día de hoy no está esclarecido el paradero de los jóvenes, no está dilucidado. No hay prueba plena que indique qué pasó con los jóvenes, esta prueba técnica, para nosotros es indiciaria”, planteó.
Respecto a la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de México (2012-2015), Jesús Murillo Karam, Rosales Sierra dijo que se está “haciendo la víctima” al argumentar que la acción es por una revancha política.
“No, compañeros, para nosotros esta persona maquinó, él construyó (la llamada verdad histórica)”, afirmó.
Y aseguró que él sabe lo que ocurrió aquella noche con los jóvenes. “De parte de nosotros esa persona es responsable, tiene esa responsabilidad”.
Afirmó que aunque no lo acusan del delito de desaparición de manera directa, sí fue responsable de hacer una “investigación sucia e irregular” la cual derivó en una conclusión falsa que impidió conocer el paradero de los jóvenes.
“Si desde octubre del 2014 hubiéramos seguido otras líneas de investigación probablemente lo que estamos sabiendo el día de hoy lo hubiéramos sabido en ese tiempo y hubiéramos tenido más éxito de encontrar a los jóvenes, no, pero ya ocho años se nos va a ser más complicado”, reconoció.
Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
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(Con información de EFE)
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