Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está dispuesto a enviar todavía más cartas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que procedan más amparos en contra de su reforma eléctrica.
El presidente celebró que su queja contra el primer freno a la reforma eléctrica ya esté en manos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque no descartó continuar presionando en caso de que más jueces decidan dar paso a otros amparos, que da por hecho que llegarán.
“Ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero, y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos”, declaró el martes durante su conferencia matutina.
La reforma de AMLO a la Ley de la Industria Eléctrica se promulgó la semana pasada, pero fue frenada casi de inmediato por un juez federal, en respuesta a un amparo en contra de la misma. El presidente respondió al amparo con una carta para el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, solicitando que se investigara el proceder del juez.
Zaldívar respondió a la carta ese mismo día, asegurando que se abrirá una investigación en caso de que se encuentren elementos para proceder. Es decir, abrió la posibilidad sin comprometerse del todo.
La reforma de López Obrador hace cambios a la Ley de la Industria Eléctrica para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía a la red eléctrica nacional, relegando a las plantas renovables (solares y eólicas) al final de la fila. Estas últimas, cabe mencionar, se encuentra en su mayoría en manos de privados.
Los cambios a la ley eléctrica servirán, según el presidente y sus funcionarios, para impulsar a la CFE y ayudar en su “rescate”, sirviendo así al interés nacional. El empresariado considera, por su parte, que la reforma da una ventaja injusta a la paraestatal, marginando la inversión privada, empeorando el clima de inversión, afectando la competitividad en el sector e incluso chocando con compromisos de México en tratados internacionales.
Este es sólo el capítulo más reciente en una historia más amplia de fricciones entre AMLO y la IP tanto nacional como foránea. La política energética se ha vuelto un punto de conflicto entre ambas partes.
El gobierno federal quiere implementar una política de tintes nacionalistas que revierte, al menos en parte, la apertura de mercado que sucedió con la reforma energética promulgada en el sexenio pasado. Ésta choca directamente con los intereses de la IP, cuyos proyectos están siendo empujados hacia el margen, afectando el de por sí erosionado clima de inversión en el país.
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