El Gobierno de México impuso sanciones económicas y administrativas a dos empresas y a un particular por entregar información falsa o incumplir obligaciones en contratos con dependencias federales, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las medidas incluyen multas millonarias e inhabilitaciones para participar en procesos de contratación de la Administración Pública Federal (APF).

La dependencia detalló en un comunicado que Sefagus Construcciones y Arrendamientos fue multada con 977 mil 130 pesos y quedó inhabilitada por un año con seis meses.

La resolución deriva de que la compañía presentó información falsa en un contrato adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México para la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en Jaltepec Centro, en el municipio de San José del Rincón.

La falta, precisó la Secretaría, motivó la sanción ante el engaño en un proceso que involucraba recursos públicos.

En paralelo, el Órgano Interno de Control del IMSS sancionó a Héctor Gabriel Bastida González con una multa de 833 mil 466 pesos y la misma inhabilitación de un año con seis meses. El organismo determinó que Bastida proporcionó información falsa en su participación en la “Adquisición de bienes de los grupos de suministro 060 ‘Material de Curación’, 070 ‘Material Radiológico’ y 080 ‘Material de Laboratorio’”, al presentar dos modificaciones de registros sanitarios durante el procedimiento.

A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante su Órgano Interno de Control, impuso una multa de tres millones 215 mil 940 pesos y una inhabilitación por cinco años a Equipos y Maquinaria Industrial de México. La compañía incumplió un contrato relacionado con la adquisición de material destinado a la “Construcción del Tren Maya, Tramo 7, Bacalar, Q. Roo–Escárcega, Camp., Frente 5”, lo que generó un daño a la dependencia responsable del proyecto.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que todas las personas sancionadas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevos procesos de compra del Gobierno federal.

La dependencia aseveró que las resoluciones fueron emitidas conforme a la normatividad vigente y bajo criterios de proporcionalidad.

“Las medidas anteriormente señaladas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, en su caso, esta Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”, afirmó.

Finalmente, la Secretaría expuso que estas acciones buscan reforzar la integridad en las contrataciones públicas y recordó que incumplir o engañar para obtener contratos con el Gobierno tiene consecuencias.

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