El gobierno federal presenta este lunes ante el Congreso la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, encaminada a reducir trámites, agilizar tiempos de resolución y fortalecer la “soberanía tecnológica” del país.
José Antonio Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que uno de los pilares de esta reforma es la creación del Centro Nacional de Tecnología Pública, que se encargará de impulsar herramientas digitales para la administración pública en todos los niveles de gobierno.
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En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, el funcionario dijo que de esta manera, las entidades públicas podrán modernizarse con ahorro de recursos económicos y con base en soluciones tecnológicas desarrolladas en el país.
La reforma pretende reducir 50% los trámites y requisitos administrativos; así como convertir 80% de los trámites en formato digital, lo que eliminará intermediarios y puntos de corrupción.
“La meta, por lo menos, es tener 50% menos trámites, requisitos y tiempo de atención; en caso de entidades, estados y municipios, es más radical porque lo que queremos es consolidar 300 trámites únicos a nivel estatal y 100 trámites a nivel municipal, por lo menos 80% de los trámites disponibles en línea”, dijo Peña Merino.
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También se creará el Catálogo Nacional de Trámites, que estandarizará y simplificará los procesos a nivel federal, estatal y municipal, además de que se dará impulso a la soberanía tecnológica con software desarrollado por el propio gobierno.
Otro de los proyectos que propone la reforma es la apertura de una Ventanilla Digital de Inversiones, que consistirá en una plataforma electrónica que agilizará los trámites para la creación y puesta en operación de nuevas empresas.
La Ventanilla contribuirá reducir los trámites obligatorios de 55 a 29 en total; la disminución de los requisitos de 493 125 y también se disminuirá el tiempo promedio de apertura de nuevos negocios de 2.6 años a un año.
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“Los beneficios son: reducir aún más los espacios de corrupción; eliminar la discrecionalidad; homologar los trámites, requisitos y tiempos de resolución; reducir la carga regulatoria en los tres órdenes de gobierno; fortalecer la certeza jurídica; facilitar el acceso a derechos y acelerar la actividad económica para generar prosperidad compartida”, comentó Peña Merino.
El proyecto ley ya fue enviado al Congreso de la Unión para su tramite legislativo y se espera que pueda ser aprobado en breve, antes de concluir el presente periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.
GC
