La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma con el propósito de regular el uso del agua en el país y establecer sanciones más severas contra quienes cometan delitos relacionados con este recurso, lo que incluye la figura de extinción de dominio.

En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la mandataria subrayó que las reformas pretenden terminar con la “mercantilización del agua”, práctica que dijo se gestó con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales —en la década de 1990— para permitir la compraventa de concesiones entre particulares.

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“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Queremos que sea el Estado quien rija las concesiones de agua y que no haya transmisiones privadas”, aseguró Claudia Sheinbaum.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que se presentarán dos propuestas: una para modificar la Ley de Aguas Nacionales y otra para crear una Ley General de Aguas.

Ambas iniciativas fueron elaboradas tras 13 foros de consulta con distintos sectores y tienen como objetivo “fortalecer a la autoridad del agua”, regular las transmisiones de concesiones y frenar el llamado “mercado negro” del recurso.

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“Hoy en día las sanciones no inhiben conductas ilegales. Queremos que se incrementen multas, clausuras y, en casos graves o de reincidencia, aplicar la extinción de dominio”, comentó Efraín Morales.

Como parte del proceso de revisión administrativa iniciado en este gobierno, Conagua detectó 58,938 inconsistencias en títulos de concesión.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua, detalló que entre las anomalías se encontraron:

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Concesiones sin fecha de vigencia
Presunta falsificación de documentos
Títulos duplicados
Uso distinto al autorizado
Coordenadas erróneas, lo que incluye casos de registros que ubicaban pozos “en el mar o en otros países”.

En total se han revisado 482,000 de los 536,000 títulos existentes, lo que representa un avance de 90%.

La autoridad federal documentó prácticas de acaparamiento, como particulares que tienen hasta cuatro títulos de concesión que esperaban el crecimiento urbano o industrial para venderlos, así como perforaciones ilegales de pozos con los que se comercializaban pipas de agua entre 2,000 y 3,000 pesos cada una.

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En algunos aprovechamientos clandestinos se detectó el suministro de hasta 200 pipas al día, lo que genera un negocio millonario a costa de la escasez que enfrentan comunidades.

Conagua también encontró títulos agrícolas —que están exentos de pago— usados por complejos industriales, balnearios y clubes de golf, así como concesiones destinadas a uso público urbano que fueron desviadas para fines privados.

La revisión de concesiones y sanciones administrativas permitió un incremento en la recaudación de 2,938 millones de pesos entre agosto de 2024 y el mes pasado, además de que se recuperaron 4,475 millones de metros cúbicos de agua.

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Hasta el momento, Conagua ha realizado 3,912 visitas de inspección y 490 clausuras, además de que se abrió un portal digital para que los ciudadanos denuncien irregularidades.

Próximamente se publicará un Decreto de Facilidades Administrativas para regularizar concesiones de pequeños productores agrícolas, pecuarios y municipios, con el fin de darles certeza jurídica.

Frente a cuestionamientos del sector privado, Claudia Sheinbaum aseguró que las reformas no buscan afectar a los empresarios ni a los usuarios legítimos.

“No hay nada de qué preocuparse, excepto que se pongan en orden”, dijo la mandataria.

GC