Las factureras mexicanas están poniendo negocio en otros países de América Latina. 
“Tuve el intercambio con algunas autoridades de Sudamérica y estamos viendo que grupos factureros están migrando para allá, también con la subcontratación de servicios o el outsourcing, son esquemas que se están exportando”, comentó el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda, durante una reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 
Las compañías factureras se convirtieron en enemigos declarados de la administración lopezobradorista. Además de que el gobierno federal está tomándose con toda seriedad el delito de fraude fiscal, la Hacienda Pública tiene poco margen de maniobra, por lo que necesita garantizar tantos ingresos como pueda.  A finales del año pasado, el Congreso dio luz verde a un paquete de reformas penales que sirvieron para tipificar la defraudación fiscal como crimen organizado si el monto del fraude supera los 7.8 millones de pesos (mdp).  El 23 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que se lanzaría en contra de 43 empresas factureras que en conjunto defraudaron al fisco por más de 55 mil 125 mdp. Semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloqueó las cuentas de más de 40 de estas compañías.  La pandemia, sin embargo, se atravesó en los procesos de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, por lo que no ha podido avanzar en varios de los casos. Sin embargo, el Romero Aranda prevé que haya arrestos este año. 
“Creo que sí vamos a poder tener en este año asuntos con prisión preventiva oficiosa de delitos contra la seguridad nacional […] Creo que sí hay elementos para que este año podamos tener órdenes de aprehensión. Yo espero que entre septiembre y octubre podamos tener algún resultado de esto”, dijo a los legisladores. 
El procurador adelantó que se buscará firmar convenios con todos los gobiernos estatales para impulsar el combate a la evasión fiscal. Los recursos obtenidos de acuerdos conciliatorios o sentencias irían a las arcas locales, por lo que aumentarían los niveles de recaudación.   A la fecha, sólo se ha firmado un convenio con el gobierno de Chihuahua.    Te puede interesar: Prepara AMLO denuncias por fraude en contratos eléctricos con privados cach