El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que la reforma constitucional para la extinción de siete organismos autónomos se discutirá hasta la próxima semana.

Cabe mencionar que hoy se iba a analiza el dictamen con el que se pretende desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

“Hemos decidido pasar para el miércoles de la próxima semana la discusión de los organismos autónomos… Aunque también les adelanto que el miércoles, probablemente, tengamos la comparecencia del secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O), que ahora ha sido ratificado, para que nos explique los criterios económicos y para que nos explique todo el proceso que llevaremos a cabo”, dijo.

“Es probable que el miércoles tengamos estas dos sesiones para estos dos temas miércoles o jueves, pero no está retirado simplemente se está revisando para mejorar el contenido del dictamen”, dijo a algunos medios de comunicación.

Lo que se discutirá

El próximo miércoles se discutirá la iniciativa que pretende derogar los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, en el artículo 6 de la Constitución Política. El párrafo donde se reconoce la autonomía de este órgano se reformaría para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

“Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”, apunta el proyecto.

Por su parte, las adecuaciones al artículo 41 plantean que el INE tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

Igualmente, este Instituto conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.

Los cambios al artículo 123 establecen que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.

En lo relativo a Coneval, el proyecto plantea que se derogue en el artículo 26 el apartado C relativo a la estructura y funciones del Consejo.

También busca reformar el apartado B a fin de estipular que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.

Cofece e IFT

Asimismo, pretende reformar el artículo 28 para suprimir las referencias a la Cofece y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.

También busca suprimir la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, el gobierno federal será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

De avalarse, al Ejecutivo le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones. También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones.

“Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal”, menciona el proyecto.

La iniciativa también instaura que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.

“Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

“Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales”, establece.

MEJOREDU, CRE y CNH

En lo referente a MEJOREDU se pretende anular la fracción IX del artículo 3, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Sobre la CRE y CNH, el proyecto busca modificar el artículo 28 que indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.

Respecto a los cambios al artículo 134, establecen que “los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.

“Las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia”.

Es importante señalar que los cambios también definen que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el “Tribunal de Disciplina Judicial”.

Finalmente, sobre la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se busca cambiar la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.

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