La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 12 personas físicas y dos personas morales, originarias de México, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por cooperar en el tráfico de fentanilo.
Los individuos y las personas no podrán realizar operaciones con entidades financieras de Estados Unidos, además de que sus propiedades y cualquier activo que tengan en ese país ya no estarán a su disposición porque han sido “congelados”.
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Asimismo, los ciudadanos estadounidenses están impedidos de tener transacciones con los 14 señalados, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
El Departamento del Tesoro “seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”, refirió el comunicado.
Las personas y empresas sancionados son las siguientes.
Jesús Alonso Aispuro Félix
Rodrigo Alarcón Palomares
Castulo Bojórquez Chaparro
Noé de Jesús Castro Rocha
Fredi Ismael García Sandoval
Luis Arnulfo Moreno Zamora
Armando de Jesús Ojeda Avilés
Alfredo Orozco Romero
Liliana Orozco Romero
Amalia Margarita Romero Moreno
Baltazar Sáenz Aguilar
Jesús González Peñuelas
Restaurante Gorditas Chiwas
Empresa Grupo Especial Mamba Negra
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Por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que las personas y las empresas designadas por el gobierno estadounidense supuestamente están relacionadas con dos redes: una de narcotráfico y otra de lavado de dinero, derivado de la venta de fentanilo.
La red de lavado de dinero utilizaba presuntamente criptomonedas, además de que disponía de operadores financieros y de estructuras empresariales para ocultar y dispersar el dinero ilícito a través de activos virtuales y operaciones comerciales que se hacían pasar por legales.
En tanto que la otra red se dedicaba al tráfico de drogas, lavado de activos, así como al traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos y al uso de empresas para la dispersión de dinero ilícito y su ocultamiento.
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La UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— también informó que tuvo una participación activa en este asunto.
“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes”, refirió el comunicado.
En este sentido, la UIF destacó la relevancia de mantener un trabajo colaborativo con las autoridades estadounidenses, en aras de prevenir los delitos financieros y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
GC
