El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, envió un oficio a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el que informa sobre el establecimiento de los criterios que se tomarán en cuenta a partir de ahora para la contratación de personal para el Gobierno Federal.
El secretario explicó que los principios, que entraron en vigor desde el viernes, responden al objetivo de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos con la intención de que el monto liberado en beneficio de los ciudadanos sea mayor.
El oficio también tiene la intención de imponer “los principios de legalidad, honestidad y transparencia aplicables al ejercicio del gasto público en el pago de indemnizaciones laborales de los servidores públicos que sean separados de sus cargos, empleos o comisiones”.
En el documento se instituye que ni las dependencias, ni las entidades de la Administración Pública Federal podrán realizar la contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente, eventual y contrataciones de prestaciones de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado.
Lo anterior sólo se podrá hacer siempre que el titular de la unidad que realice las funciones de Administración y Finanzas de las dependencias y entidades justifique la necesidad de mantener la oficina de que se trate y contratar al personal indispensable para su operación, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía o de necesidades derivadas del ejercicio de sus atribuciones.
En torno a los servidores públicos que hayan sido beneficiados con el pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de la ley, “no podrán ser contratados nuevamente, por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha en la que hayan dejado de surtir efecto su nombramiento o surta efectos el documento correspondiente que acredite la terminación de la relación laboral”. Esto es aplicable para cualquier plaza presupuestaria de carácter permanente, eventual o mediante prestación de servicios profesionales por honorarios.
“La ejecución de la norma recientemente establecida implicará metas de ahorro en el sector público, así como el redimensionamiento administrativo y la aplicación de medidas de eficiencia y reducción de costos administrativos y de apoyo”.
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