El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, envió al Senado de la República una terna de juristas para ocupar un puesto vacante que se generará en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el ministro José Fernando Franco González Salas terminará su mandato el próximo 11 de diciembre.

La terna se integra por los siguientes abogados:

Bernardo Bátiz Vázquez, quien fue procurador General de Justicia de la Ciudad de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hoy día presidente de la República, cuando este fue jefe de Gobierno de la capital del país y quien llegó al poder, en ese entonces, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Actualmente, Bátiz se desempeña como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Eva Verónica de Gyvés Zárate, quien también es integrante del CJF y quien anteriormente ha sido propuesta por López Obrador como fiscal General de la República.

Loretta Ortiz Ahiff, quien se desempeña actualmente como integrante del CJF y que anteriormente fue diputada federal entre los años 2012 y 2015. Esta es la tercera vez que López Obrador la propone para ocupar un cargo de ministra en la SCJN.

Lo anterior, luego de que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, envió el pasado 3 de noviembre una aviso al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la próxima terminación del periodo de Franco González Salas, para lo cual le solicitó al jefe del Ejecutivo que elaborara una terna para definir al nuevo ministro.

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Conforme a lo que establece la ley, corresponde al jefe del Poder Ejecutivo presentar una terna de candidatos a la consideración del Senado, para que sus integrantes evalúen las propuestas y decidan quién cumple con los requisitos necesarios para el cargo.

Queda en la responsabilidad del Senado de la República definir al nuevo ministro de la SCJN en las próximas semanas.

El envío de la terna a la Cámara alta coincidió este martes con la votación que se realizó en el pleno de la SCJN y que declaró inconstitucional la prolongación del mandato de Zaldívar Lelo de Larrea por un lapso de dos años, así como de los integrantes del CJF, por lo que éstos deberán terminar sus encargos en los años 2022 y 2023, respectivamente.

GC