Las empresas que están participando en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) podrían impugnar ante tribunales nacionales si se decide cancelar anticipadamente los contratos de la obra aeroportuaria, debido a que no existen fundamentos jurídicos que avalen la decisión del presidente electo, aseguró José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). 
“Las empresas que reciben esta notificación (en donde se le dice que se les van a dar por terminados los contratos de manera unilateral) puedan cuestionar y demandar el que no existe causal para terminar los contratos. Es decir, no estamos de acuerdo con esta decisión y por lo tanto la llevaríamos a un tribunal”, mencionó Marroquín.
Ante este panorama, las empresas optarían por realizar acciones legales en contra de todos aquellos involucrados en la cancelación del NAIM, argumentado que no existe una razón jurídica por la cual finaliza la relación entre públicos y privados,  y que por lo tanto, la consulta no sirve para poder ejercer dicha acción.
“No hay una causa jurídica-técnica para dar por terminado los contratos. No se ha expresado que existan una argumentación jurídica que sirva para terminar los contratos, más bien es una decisión de carácter político”, sostuvo.
También te puede interesar: Cancelar construcción del NAIM podría violar tratados internacionales: Kalach De la Garza Marroquín aseguró que, como consecuencia de los daños materiales-jurídicos-laborales realizados contras las empresas, la próxima administración pública tendría que reponer dichos costos y con ello, se estaría elevando la deuda del Estado. El presidente de la Barra Mexicana aseveró que los daños económicos son hasta la fecha, incontables, pues cada empresa  son procesos individuales que se tienen que analizar ante un juez para determinar los montos de daño y perjuicio causaría la relación contractual. Señaló que en el caso de las empresas extranjeras, éstas estarán respaldándose en procesos de arbitraje conforme a los Tratados Internacionales que tiene México, mediante los capítulos que protegen a los inversionistas de otras naciones. En su momento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que el costo de cancelación de la obra oscilaría entre 100 y 130 mil  millones de pesos, sin embargo, la BMA señaló que la cifra podría ser mayor por las penalidades que generaría la opción de cancelar los contratos. LP