Diputados que forman parte de la alianza legislativa “Va por México” solicitaron formalmente, por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se promueva una demanda de Controversia Constitucional, en nombre de la Cámara Baja, en contra del llamado “Decretazo”.
Los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), pidieron que el trámite lo haga el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.
Lo anterior, en respuesta al acuerdo del gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre, en el que —por instrucción presidencial— se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura.
El llamado “Decretazo” instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera “fast track”, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México. Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.
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Las bancadas de los partidos opositores consideran que el acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
“Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, apuntan en el documento, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional”, indicaron.
Igualmente, advirtieron que vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad.
“No es legal ni constitucional que el Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”, manifestaron los diputados.
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