En medio de las críticas y advertencias por sus implicaciones negativas a los derechos humanos, la democracia y la inversión productiva en el país, la reforma constitucional al Poder Judicial puede tener nuevos cambios respeto al dictamen que ya fue aprobado, aseguró el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

Olga Sánchez Cordero Dávila y Leonel Godoy Rangel, diputados de Morena, comentaron a la prensa que dichos cambios pudieran centrarse en los requisitos de idoneidad de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, con la intención de garantizar que los candidatos a esos cargos cumplan con un adecuado perfil profesional.

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Sin embargo, aclararon que la reforma al Poder Judicial conservará sus aspectos fundamentales, que consisten en introducir un mecanismo de votaciones abiertas a la población para designar a los nuevos juzgadores y en sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un nuevo organismo de disciplina.

Como se ha informado, la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el lunes pasado el dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial, que introdujo 100 modificaciones al proyecto original que envió desde febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la misma Cámara, para que la nueva Legislatura —la número 66— retome el proyecto en aras de analizarlo, discutirlo y someterlo a votación de manera definitiva.

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Para dar cumplimiento a este proceso, la nueva Legislatura conformó un equipo de trabajo que tiene como función analizar el dictamen de reforma al Poder Judicial aprobado el lunes.

En este sentido, Olga Sánchez y Leonel Godoy comentaron que el grupo de trabajo puede considerar hacer otros ajustes al documento, antes de someterlo a votación del pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días.

“Es crucial que el proceso de selección (de juzgadores) sea transparente y que los electos cumplan con los más altos estándares, tanto en conocimientos como en ética, para garantizar la independencia y la eficiencia del sistema de justicia”, dijo Sánchez Cordero, quien es ministra retirada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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La reforma al Poder Judicial ha causado polémica precisamente porque, entre otros aspectos, plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular, lo que ha sido criticado por organismo empresariales, grupos de juristas, estudiantes y el mismo personal de los juzgados y tribunales.

Además, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá —los principales socios comerciales de México— han levando la voz para alertar sobre los riesgos de que este nuevo proceso de designación de juzgadores se convierta en un factor de corrupción y de “captura” del Poder Judicial, a cargo de grupos de interés como el crimen organizado.

Olga Sánchez comentó que el dictamen heredado de la Legislatura pasada es factible de depuración, ya que incluye especificaciones que no necesariamente tienen que incluirse en una reforma constitucional, sino que pueden desarrollarse a través de las leyes secundarias.

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Puso como ejemplo la exigencia a los candidatos a juzgadores que tengan un promedio mínimo de 8 de calificación en las materias que cursaron en sus estudios universitarios.

¿Qué hace el 8 de promedio en una Constitución? Eso es un claro ejemplo de lo que no debería ir en la Constitución”, comentó la diputada morenista.

Leonel Godoy reconoció que los diputados de Morena de la nueva Legislatura tienen comentarios y aportaciones que hacer al dictamen que les heredó la 65 Legislatura, de modo que se tratará de alcanzar acuerdos para que todo el grupo parlamentario pueda votar el proyecto de reforma “en unidad”.

GC