El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma que pretende extinguir siete órganos autónomos. Aceptaron la reserva presentada por Ricardo Monreal (Morena), la cual establece que las funciones del IFT y la Cofece se mantendrán en un órgano técnico e independiente.

En lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política obtuvo 332 votos a favor y 119 en contra. En lo general alcanzó 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones.

De esta forma, el dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Lo aprobado

Los órganos autónomos que desaparecerán si el proyecto es avalado en la Cámara alta serán: el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Igualmente, serían eliminados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Cabe mencionar que, en lo particular, los Diputados acordaron que las funciones del IFT y la Cofece se mantengan en un órgano técnico e independiente.

Dicha reserva fue presentada por Monreal, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el IFT en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Cofece

Según el legislador, este cambio es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean dos instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y la Cofece.

Así, todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la Administración Pública “donde corresponden, desde nuestro punto de vista”, dijo.

Monreal Ávila destacó que cerca de 15 mil millones de pesos se podrán reasignar al presupuesto para educación, salud, campo, agua, a la UNAM y universidades.

“Esa es la idea; que con estos 15 mil millones podamos atender estos reclamos que nos parecen son prioritarios”, apuntó.

Las reformas que se han aprobado a la Constitución, añadió, son para frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado, darle lugar al Estado mexicano que sea el rector de la economía y el rector social de la sociedad.

La reserva

La reserva determina que el Ejecutivo Federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución y las leyes.

Para ello, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto, tales como ordenar medidas a fin de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Además, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Las normas generales y actos emitidos en materia de libre competencia y concurrencia, así como en telecomunicaciones y radiodifusión podrán ser impugnadas únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

“Solamente en los casos en que se impongan multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio que, en su caso, se promueva.

“Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida“, precisa el dictamen enviado al Senado. 

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos constitucionales contra actos intraprocesales.

Precisa que el Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia, y en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28 de la Constitución.

La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos.

Además, la Cofece y el IFT se extinguirán al momento de la entrada en vigor del decreto, de conformidad con el artículo Décimo Transitorio. En tanto a sus comisionados que continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del decreto.