El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma en materia energética, que tiene como objetivo que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a ser empresas públicas. Actualmente son empresas productivas del Estado.

En lo particular, el proyecto obtuvo mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. En lo general, fue avalada con mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones.

Así, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Cabe mencionar que el dictamen avalado busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas, con el propósito de que “Pemex y CFE dejen de competir con el sector privado para buscar la rentabilidad”.

Lo anterior, al regirse por derecho público y no por derecho mercantil, “es decir, estas empresas no buscarán por objetivo la rentabilidad, sino el interés público”.

Durante su discusión en lo particular, el Pleno sólo la reserva presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), para modificar los artículos 27 y 28 del dictamen.

En el precepto 27, se eliminó el párrafo que señalaba: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.

En el artículo 28 se suprimió, de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”. Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.

Al respecto de la modificación, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, apuntó que la propuesta de modificación es una corrección a tiempo para no condenar al Estado a ser el único que tenga a su cargo la transición energética, ya que ello “no sería posible porque no tiene la capacidad económica”.

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Agregó que suprimir el párrafo que dice “El Estado queda a cargo de la transición energética”, se debe a que eso obligaría a que sea el Estado el único que use, produzca y distribuya energía, y no se aceptaría ninguna inversión privada.

Por su parte, el panista Germán Martínez advirtió que la modificación violenta los convenios internacionales, como el Acuerdo de París; además, “amputa” la transición energética y “están reduciendo al Estado su capacidad y obligación”.

En tanto, Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) aseveró que lo que se busca con la reserva es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética.

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