Con 467 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, que busca fortalecer los derechos de los usuarios del sistema financiero en materia de cancelación y emisión de tarjetas bancarias y comerciales.

El proyecto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que la cancelación de tarjetas de crédito o débito deberá efectuarse en un plazo máximo de tres a cinco días hábiles, contados a partir de la solicitud del usuario, y sin costo alguno para éste.

De acuerdo con la iniciativa, las instituciones financieras y comerciales no podrán aplicar cargos, comisiones ni penalizaciones por motivo de cancelación. Además, la operación deberá quedar formalmente acreditada mediante una constancia física o digital que certifique la terminación del contrato.

En este marco, el Banco de México deberá incluir en las disposiciones de carácter general en materia de comisiones “normas que limiten o prohíban aquellas que distorsionen las sanas prácticas de intermediación o resten transparencia al cobro de las mismas”.

La propuesta avalada también prohíbe la creación de comisiones encubiertas bajo la figura de servicios adicionales, seguros, membresías o beneficios no autorizados, sin el consentimiento expreso del usuario.

Asimismo, las entidades emisoras de tarjetas estarán obligadas a garantizar el derecho de cancelación mediante canales presenciales, telefónicos y digitales.

En el caso de las plataformas digitales, deberán incluir un botón visible y de fácil acceso en aplicaciones móviles, banca en línea y portales oficiales, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

“Con estas adecuaciones se garantiza que la cancelación de tarjetas de crédito o débito sea un derecho real y efectivo para los usuarios, al establecer que el trámite sea accesible, sin cobros o cargos adicionales, ofreciendo un documento que certifique la terminación del contrato”, precisa la iniciativa.

El proyecto también declara nula de pleno derecho la emisión de tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario, por lo que no será necesaria su cancelación ni podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados.

De igual manera, se dispone que el historial crediticio, el comportamiento de pago o la falta de uso de una tarjeta emitida sin autorización no tendrán efectos ante las sociedades de información crediticia. En estos casos, las instituciones financieras deberán reembolsar cualquier cargo indebido en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir del reporte del usuario.

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