La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
El proyecto recibió 456 votos del pleno de diputados —de un total de 500—, de todos los grupos parlamentarios, por lo que se considera que recibió un respaldo unánime.
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La nueva ley establece que los delitos de extorsión y otros relacionados se investigarán y se perseguirán de oficio; en tanto que los infractores recibirán penas de hasta 25 años de prisión. Además, los delitos serán imprescriptibles.
Vinculado con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión también se modifican diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Si bien el dictamen se aprobó en lo general, los diputados siguieron adelante con el debate para hacer la votación en lo particular, debido a que tendrán que desahogar las reservas que registraron 72 legisladores.
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La nueva ley secundaria plantea sanciones de seis a 15 años de prisión y una multa de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa el delito de extorsión.
Asimismo, las sanciones pueden ser más altas si se consideran una serie de 34 agravantes.
Una de las agravantes es el llamado “cobro de piso” o extorsión que se cobra a los negocios para operar, a cambio de no ser molestados. En este caso, la sentencia puede alcanzar de ocho a 20 años de prisión.
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Otro caso es la extorsión que implique daños materiales, por ejemplo aquellas personas que provocan accidentes viales y que exigen el pago de las reparaciones. En este supuesto, las sanciones pueden ser de 10 a 25 años de prisión.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión igualmente establece la homologación de la tipificación y de las penas de los delitos de extorsión en todo el país.
Cuando concluya la votación en lo particular, los diputados turnarán el dictamen a la Cámara de Senadores, para su trámite legislativo.
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La nueva Ley dispone que las Unidades Antisecuestro se encargarán de investigar los casos de extorsión y se creará el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las víctimas o los testigos podrán reportar los delitos al número telefónico 089, además de que existe la opción de presentar las denuncias anónimas.
Otro aspecto relevante es que los acusados de extorsión no tendrán derecho a preliberaciones ni a la conmutación de la pena, aunque sí puede haber espacio a la cooperación con las autoridades.
GC
