La reciente destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), enrarece y ensombrece un proceso electoral de 2018 y daña a las propias instituciones que deben de brindar certeza, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial. A través de su mensaje “La Voz del CCE”, la cúpula empresarial refiere que la decisión tomada por Alberto Elías Beltrán el viernes pasado “no abona ni construye la confianza que necesitamos en las instituciones”. Por eso, y a reserva de las acciones que se adopten en el Congreso de la Unión en los próximos días, es indispensable que la PGR presente una explicación completa a la sociedad; que ofrezca información que justifique ampliamente sus decisiones, como medio para cultivar la confianza de los mexicanos, agrega el CCE. TE PUEDE INTERESAR: Destituye PGR al titular de la Fepade, Santiago Nieto
“Los mexicanos necesitamos que decisiones como ésta, tengan el respaldo de la ley, sean transparentes y estén tomadas en el mejor interés de la democracia, con todo profesionalismo”, aduce el órganismo que preside Juan Pablo Castañón.
Para el Consejo Coordinador Empresarial la reacción de la sociedad refleja la baja confianza en las instituciones responsables de la impartición de justicia en el país.
“Una pérdida que se refleja año con año en una mayor impunidad: actualmente, el 93% de los delitos no se denuncian, sobre todo, porque las víctimas creen que es una pérdida de tiempo o porque no confían en las autoridades. La discusión sobre el fiscal general y la demora en el nombramiento de un fiscal anticorrupción también han abonado en estas crisis”, aduce.
TE PUEDE INTERESAR: Remoción de titular de la Fepade, atentado al Estado de Derecho: Coparmex Asimismo agrega que los mexicanos tienen la necesidad de exigir el más estricto cumplimiento de la ley como medida para que esa confianza en las instituciones se recupere. Además, remarca que México debe llegar a las elecciones federales de 2018 con una fiscalía que atienda los temas electorales fortalecida, independiente y capaz de brindar certeza y confiabilidad sobre los procesos electorales. Por eso, es indispensable también que se avance y dé cumplimiento a la nueva ley de la fiscalía general, sin más excusas ni demoras. “Retrasar la implementación de esta reforma, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción, significa seguir debilitando la credibilidad y la confianza en la Procuraduría General de la República en su conjunto”. OC