La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptó descongelar de manera parcial las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, acusado en Estados Unidos de cooperar con el narcotráfico.
Esta determinación obedece a una suspensión provisional otorgada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia ante la cual el político sinaloense promovió un recurso legal para reclamar la disposición de sus ahorros para el retiro.
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Según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el fallo judicial autoriza únicamente el cobro de “ministraciones futuras provenientes de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez”, bajo el principio legal de inembargabilidad de las pensiones.
Con esta resolución, el gobierno federal confirmó las versiones periodísticas que comenzaron a circular ayer sobre la reactivación de dos cuentas bancarias pertenecientes a Rocha Moya.
La SHCP —dependencia de la cual forma parte la UIF— detalló que los fondos liberados provienen exclusivamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
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No obstante, la autoridad hacendaria aclaró que la medida dista de representar una liberación total del patrimonio financiero del gobernador con licencia, ya que cualquier saldo distinto a las pensiones especificadas, así como el resto de sus operaciones bancarias, permanecen bajo bloqueo e inmovilización.
Este episodio ocurre después de que, a mediados de mayo pasado, las autoridades mexicanas anunciaron la suspensión “preventiva” de las cuentas bancarias de Rocha Moya y de otros nueve coacusados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El origen de estas sanciones financieras se remonta a fines de abril, cuando el gobierno estadounidense anunció cargos formales por delitos de narcotráfico contra el gobernador con licencia y otros nueve ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, tras lo cual solicitó a México la detención provisional de los 10 personajes con fines de extradición.
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A partir de esa fecha, comenzó un forcejeo diplomático y jurídico entre ambas naciones, pues las autoridades mexicanas insisten en exigir al gobierno estadounidense pruebas sólidas antes de proceder con las capturas y entregas solicitadas.
GC
