El Órgano de Administración Judicial derogó el acuerdo que pretendía aplicar una evaluación de desempeño a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, medida que había provocado una reacción en contra del personal y que desencadenó un paro de labores iniciado el viernes pasado.
Previamente, las autoridades del sector pactaron modificaciones con los representantes de los trabajadores.
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Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió el fin de semana pasado con representantes de los trabajadores inconformes —el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial— para revisar los términos de la evaluación.
En dichos encuentros se acordó eliminar los aspectos que pudieran interpretarse como intenciones de aplicar sanciones al personal o de despedir trabajadores, así como eliminar las evaluaciones subjetivas de los superiores jerárquicos sobre sus trabajadores y retirar las referencias respecto a que los superiores jerárquicos pueden solicitar evaluaciones extraordinarias de sus empleados.
Todo lo anterior, a condición de que los empleados suspendieran el paro de labores y reanudaran actividades a la brevedad.
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Sin embargo, como este lunes continuaron cerrados 50 juzgados y tribunales federales en diferentes ciudades del país, el pleno del Órgano de Administración Judicial decidió en sesión extraordinaria realizada hoy cancelar el acuerdo AG-POAJ-025/2026, según informó el propio organismo en un comunicado oficial.
A través de la determinación publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el órgano suprimió el mecanismo de control operativo, aunque no informó que la evaluación quede cancelada de manera definitiva en el futuro.
Ante la noticia, los empleados mantuvieron reservas sobre el proceso institucional. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores inconformes, explicó que los empleados necesitaban conocer y revisar las disposiciones definitivas antes de normalizar las actividades en los recintos jurídicos.
El acuerdo que abroga la evaluación de desempeño puede consultarse aquí.
GC
