Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) viajarán en esta semana que comienza a Estados Unidos para presentar una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta intervención de grupos criminales en las elecciones federal y locales del 6 de junio pasado.
Asimismo, los partidos denunciarán lo que consideraron fue la colusión del gobierno federal con la criminalidad para hacer ganar a los candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los estados y municipios de la costa del Pacífico.
“En el pasado proceso electoral hubo complicidad del gobierno de México con el crimen organizado, pues lamentablemente durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar la seguridad en la República, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y asesinatos de operadores, líderes políticos así como también de candidatas y candidatos, unos incluso en actos públicos”, aseguró Marko Cortés Mendoza, líder del PAN, a través de un comunicado.
Lo anterior, debido a que en el periodo de campañas políticas previo a las elecciones del 6 junio, se realizaron varios actos violentos contra los participantes, como el secuestro de la candidata del PRI a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez Núñez; y el homicidio de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago.
Todo esto contribuyó a generar un ambiente de “terrorismo”, con el propósito de intimidar a los candidatos, los partidos y a la población en general, de modo que los ciudadanos no pudieran elegir a los aspirantes de su preferencia, refirió el comunicado liberado este domingo por la dirigencia del PAN.
Al retomar el Quinto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt Consultores, Marko Cortés refirió que el documento da cuenta de 89 personas que perdieron la vida, 35 de las cuales fueron candidatos a puestos de elección popular.
“La costa del Pacífico merece especial atención por parte del gobierno, porque son innumerables los indicios de que no solo se trató de injerencia del crimen organizado en las elecciones, sino que incluso pudo haber una alianza entre estos grupos y el gobierno morenista para favorecer a sus candidatos”, alertó Cortés Mendoza, citado por el comunicado.
La intención de la denuncia ante la OEA y la CIDH consiste en “defender y proteger la democracia y el derecho de los mexicanos a elegir libremente a sus representantes”.
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GC
