El delito de extorsión constituye uno de los que más afecta la actividad productiva y ha ido en aumento, ya que de enero a abril de este año, se registraron 31 víctimas diarias, lo que implicó un incremento de 8.3% respecto al mismo periodo de 2023.
Además, en lo que va de la presente administración, se ha identificado un crecimiento de 45.3% del delito de extorsión respecto al sexenio pasado, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
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José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex, y Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia del organismo, manifestaron su preocupación por el avance de este tipo de delitos, ya que “afectan directamente a los negocios y dañan la democracia y la convivencia pacífica”.
Como se sabe, la extorsión se comete cuando un grupo criminal chantajea con no molestar a las fábricas, talleres, comercios y demás establecimientos, a cambio de que paguen una cuota de dinero de manera periódica. Los individuos que no cumplan pueden ser objeto robos, daños a la propiedad, secuestros, lesiones y hasta homicidio.
En la presentación del reporte Monitor de Seguridad, los dirigentes de Coparmex refirieron que las entidades federativas con mayor incidencia del delito de extorsión en el primer cuatrimestre del año han sido Estado de México, Colima y Morelos.
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En tanto que las entidades federativas que no reportaron casos de extorsión en el primer cuatrimestre del año fueron Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua.
Asimismo, destaca que los estados con más municipios afectados por el delito de extorsión fueron México y Guanajuato, con ocho y seis, respectivamente.
Sin embargo, los datos anteriores apenas son la “punta del iceberg” de la realidad, ya que la gran mayoría de los casos de extorsión —97.4%— no se denuncian ante la autoridad. De modo que solo se conocen apenas 3% de los eventos de este tipo.
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“Nos interesa visibilizar esta situación porque sin seguridad pública, sin seguridad jurídica y sin infraestructura, México perderá la oportunidad de atraer nuevas inversiones por un monto cercano a 35,000 millones de dólares (mdd) gracias al fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring”, refirió José Medina Mora.
De momento, Coparmex ha formulado una propuesta que puede servir para sancionar de manera más efectiva el delito de extorsión. Jorge Peñúñuri explicó que la idea es modificar el artículo 73 de la Constitución política, para incluir el delito de extorsión en la Carta Magna, de manera que en las leyes secundarias se pueda tipificar el delito de manera unificada.
Si bien esta propuesta de Coparmex ya trascendió a iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, el proyecto se encuentra actualmente “congelado” en el Poder Legislativo, en espera de ser aprobado.
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En este sentido, “buscaremos a las próximas personas legisladoras para entablar un nuevo diálogo que permita dar el impulso necesario a la reforma para que avance en su proceso legislativo, al ser aprobada en la Comisión ahora debe ser aprobada en el pleno de la Cámara de diputados y posteriormente con los colegios”, dijo Jorge Peñúñuri.
GC
