La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que un eventual decreto o acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería inconstitucional.
Lo anterior, porque la Carta Magna establece en su Artículo 21 que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
“De mantenerse la intención del presidente de emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en nuestra Constitución”, indicó el organismo patronal.
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En un posicionamiento, aseveró que este decreto desmantelaría el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la Guardia Nacional sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía y de las Fuerzas Armadas, que ahora tendrían que ceñirse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
“Estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado, con instituciones civiles y no militares”, manifestó.
Abundó que la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales y atender los graves problemas de inseguridad es a través de una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulación financiera y de cooperación internacional en coordinación con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad.
En ese sentido, subrayó que, para que haya esta coordinación, es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Consejo Nacional de Seguridad, que son los entes que deben regular y validar los temas en la materia.
Igualmente, consideran apremiante fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales, además de que se deben reestablecer mecanismos como la certificación, los controles de confianza, así́ como la profesionalización, dignificación y seguridad social.
“El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista. Queremos un país con tranquilidad y en paz, que sólo podrá alcanzarse con instituciones sólidas, donde impere el Estado de Derecho.
“En Coparmex decimos no a la militarización, sí a la estrategia, inteligencia y coordinación”, subrayó el organismo empresarial, el cual acentuó que el camino correcto para avanzar en la propuesta presidencial es que exista una iniciativa de Reforma Constitucional, que tendría que pasar al Poder Legislativo y discutirse, “pues es claro que un poder -en este caso el Ejecutivo- no puede tomar atribuciones que no le corresponden”.
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