La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la norma que prohíbe a los altos exfuncionarios públicos enrolarse en las empresas privadas (Iniciativa Privada -IP-) antes de 10 años.
Por unanimidad, los 11 ministros de la Corte resolvieron que la Ley Federal de Austeridad Republicana fija un periodo largo, de una década, para que los exfuncionarios de alto mando puedan emplearse en la industria privada que regulaban o vigilaban desde sus posiciones en el gobierno.
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El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, comentó que los 10 años que actualmente están marcados en la ley es un periodo “innecesariamente largo”.
“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto la norma es sobreinclusiva”, añadió.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señaló el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández.
La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en 2019 como un elemento clave del gobierno del Andrés Manuel López Obrador.
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